Parlamento vasco aprueba la Ley de reparación de víctimas de las Fuerzas policiales con el apoyo de PNV y PSE

El Parlamento vasco ha aprobado, con el apoyo del PNV y el PSE-EE, la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política, entre las que se incluyen los damnificados por las Fuerzas policiales. La Ley, que abarca el periodo comprendido entre 1978 y 1999, ha recibido el voto en contra del PP y UPyD, mientras que EH Bildu se ha abstenido.

El texto, aprobado este jueves por el pleno de la Cámara, pretende dar respuesta a la situación de un colectivo de víctimas que “no han sido reconocidas ni reparadas” hasta la fecha, y cuya existencia, según constata la propia Ley, “ha quedado reconocida en informes de organismos internacionales de derechos humanos”.

En todo caso, la Ley rechaza que el reconocimiento de estas víctimas implique la “equiparación o justificación” de ninguna forma de violencia, ya sea la ejercida por las fuerzas policiales en el contexto de la lucha antiterrorista o la causada por las propias organizaciones terroristas.

“REFORZAR” EL ESTADO DE DERECHO

El texto subraya que no pretende “menoscabar” el Estado de Derecho y las instituciones, sino “todo lo contrario”, ya que pretende contribuir a su “reforzamiento” a través de “un compromiso y una voluntad de reparación de las consecuencias de comportamientos no admisibles en un marco democrático”.

La Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999 define cuáles son los casos que podrían acogerse a las medidas en ella contempladas.

De esa forma, señala que las vulneraciones de derechos humanos a las que se refiere la Norma “deben haberse producido en un contexto de violencia de motivación política”. Además, dichas acciones han debido llevarse a cabo por “personal funcionario público” o por “particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada”.

ARMAS Y BOMBAS

El texto subraya que, como consecuencia de dichas actuaciones, las víctimas que deseen acogerse a las medidas de reparación han debido sufrir “afección” a su vida o integridad física, moral o sexual.

La ley excluye de forma expresa a las personas “que resultaran fallecidas o heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta, incluso cuando con dichas actuaciones lo que se pretendiera fuera repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

INDEMNIZACIONES

El texto contempla la asignación de indemnizaciones a las personas a las que les sea reconocida su solicitud. Las ayudas son de 135.000 por fallecimiento, 390.000 por gran invalidez, 95.000 euros por incapacidad absoluta permanente, 45.000 euros por incapacidad permanente total y 35.000 euros por incapacidad permanente parcial.

En el caso de las lesiones permanentes de carácter no invalidante, el importe de la indemnización se calculará de acuerdo con las cuantías, multiplicadas por tres, de la normativa general aplicable a las indemnizaciones por lesiones.

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha defendido que ésta es la mejor Ley “posible”, y que ha sido elaborada desde una perspectiva de “pragmatismo” para ofrecer “garantías” y evitar “falsas expectativas”.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha recordado que la “inmensa mayoría” de los miembros de las Fuerzas de Seguridad han sido “respetuosos con el Estado de Derecho”, y han desarrollado una labor “imprescindible” para acabar con ETA. No obstante, ha defendido la necesidad de atender a las víctimas de las fuerzas policiales, que aún no han sido reconocidas.

“SE QUEDA CORTA”

En representacion de EH Bildu, Julen Arzuaga ha explicado que la Ley no le “gusta”, ya que se queda “corta”. Sin embargo, ha afirmado que su grupo ha optado por abstenerse y no impedir la aprobación del texto para evitar que estos damnificados sigan “esperando” a ser reconocidos y reparados.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha destacado que la Ley le genera muchas “dudas jurídicas”, y ha lamentado que la forma en la que ha sido tramitada ha impedido “trabajar en serio” el texto.

Por parte de UPyD, Gorka Maneiro ha coincidido en criticar la falta de “seguridad jurídica” de la Ley, y ha acusado al PNV de cometer una “cacicada” al aprobar este texto “a marchas forzadas”.