El Parlamento andaluz convalida el decreto contra la exclusión social, con la abstención del PP

El Parlamento andaluz ha convalidado definitivamente, con el apoyo del PSOE e IU y la abstención del PP, el decreto ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social, que dispondrá de 120 millones, una medida “excepcional para una situación excepcional”, según el Gobierno andaluz.

En su intervención en el pleno, la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha calificado de “oportuno y necesario” el decreto al responder a la realidad actual de crisis y de ciudadanos especialmente castigados por el paro.

Montero ha justificado las medidas en datos como el paro en Andalucía (1,4 millones de personas); en que hay medio millón de hogares con todos sus miembros sin empleo o que muchos niños y mayores de la comunidad tienen dificultades para acceder a tres comidas diarias.

Ha criticado la política de austeridad del Gobierno central del PP que, en su opinión, lleva a la “destrucción masiva” de empleo y a un “callejón sin salida”, lo que ha contrapuesto con el modelo de la Junta.

“Ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales”, ha esgrimido.

Además, ha sostenido que culpar a la Junta de esta situación es “obviar” la realidad que rodea a la comunidad, por lo que ha pedido a los grupos que se alejen del partidismo, respalden la norma y ayuden a la Junta a convencer al Gobierno a poner en marcha en el país un plan contra la exclusión.

El decreto, que no será tramitado como ley por el rechazo del PSOE e IU, pretende fomentar la contratación entre los colectivos más castigados por la crisis, atender las necesidades básicas de alimentación de los menores y los mayores en riesgo de exclusión, y afianzar el Servicio de Ayuda a Domicilio para evitar la pérdida de empleo en este ámbito.

Estos objetivos se concretan en el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía (60 millones de euros); el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria, con 16 millones, y una serie de modificaciones normativas para agilizar procedimientos del Ingreso Mínimo de Solidaridad y del Programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación, con unas inversiones adicionales de 44 millones.

El programa de solidaridad recoge ayudas extraordinarias por valor de 40 millones a las corporaciones locales para la contratación de parados o en riesgo de exclusión social por un periodo de entre 15 días y tres meses, y según la Junta podría dar empleo a más de 47.000 personas.

También se ofrecerán más de 216.000 menús diarios durante un año en los comedores sociales para personas sin recursos, y se reforzarán las bonificaciones de los servicios de aula matinal y comedor escolar de los colegios, de forma que unos 46.800 menores pueden recibir también gratis el desayuno y la merienda.

La diputada del PP Rosario Soto ha lamentado que la Junta ha respondido a la crisis con “constantes” recortes presupuestarios, incluso anteriores a los peores años de la crisis, ha dicho.

Ha cuestionado la dotación económica del decreto; que la Junta culpe al Gobierno de la situación y ha cifrado los recortes acumulados por el Gobierno andaluz en los distintos presupuestos en 499 millones.

“Se aprovechan de quien peor lo pasa para sacar rédito electoral y hacer populismo y confrontación. Lo que tiene que hacer es crear empleo o al menos no destruirlo. Esto no es política social”, ha reprochado Soto.

Manuel Baena, de IULV-CA, ha abogado por que este decreto no sea una medida excepcional, sino un “empeño” en garantizar las prestaciones básicas a los ciudadanos por el Ejecutivo andaluz, y ha opinado que debería ser regulado mediante la ley de inclusión social para convertir las medidas en derechos.

La socialista Soledad Pérez ha destacado que el decreto lucha contra la exclusión, pero también contra quienes se empeñan en aplicar recetas económicas “fracasadas”, y que el objetivo es “achicar la brecha” entre los que más y menos tiene.