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El Parlamento sudafricano rechaza la convocatoria de elecciones anticipadas
La Asamblea Nacional de Sudáfrica rechazó hoy la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones anticipadas propuestas por el partido de la oposición Alianza Democrática (DA).
La iniciativa, presentada a raíz del fracaso el mes pasado de la moción de censura contra el presidente del país, Jacob Zuma, fue rechazada por 229 votos en contra, 83 a favor y 7 abstenciones.
Durante el debate de la propuesta, el portavoz parlamentario de la DA, John Steenhuisen, denunció que el Gobierno de Zuma está preso de la “locura” y que la Asamblea debería ser la “primera línea de defensa” del ciudadano.
“Sin embargo, en cada giro y en cada prueba, el Parlamento ha elegido presidente sobre el pueblo”, lamentó.
La propuesta necesitaba una mayoría de 201 diputados para salir adelante, pero varios partidos de la oposición anticiparon que no la apoyarían.
En la actual legislatura, el partido gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) cuenta con 249 escaños, mientras que la DA tiene 89 y el resto están repartidos entre otros partidos minoritarios.
La oposición considera a Zuma un “criminal” por su implicación en múltiples casos de corrupción y le acusa de sostener “un sistema corrupto que mantiene a la gente en la prisión de la pobreza”, según indicó en la última moción de censura el líder de la DA, Mmusi Maimane.
Jacob Zuma sobrevivió el pasado 8 de agosto a una nueva moción de censura gracias a la mayoría parlamentaria de su partido, que volvió a servirle de escudo, a pesar de que varios miembros del CNA votaron en su contra.
La propuesta, rechazada por 198 votos en contra frente a 177 a favor y 9 abstenciones, le responsabilizaba de una crisis económica que ha hecho perder el trabajo en Sudáfrica a dos millones de personas desde 2009.
Esta moción de censura, la séptima a la que se enfrentó Zuma como presidente, fue la primera en la que los diputados pudieron votar de forma secreta.
Zuma, de 75 años, tiene pendientes ante la Justicia 783 cargos por corrupción y el pasado año tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
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