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El Parlamento surcoreano vota la moción para destituir a la presidenta

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El Parlamento surcoreano presenta la moción para destituir a la presidenta

El Parlamento surcoreano presenta la moción para destituir a la presidenta

La Asamblea Nacional de Corea del Sur inició hoy la votación sobre el proceso de destitución de la presidenta del país, Park Geun-hye, que podría perder su cargo por su implicación el sonado escándalo de la "Rasputina coreana".

Los 300 diputados de la Cámara Baja comenzaron a votar de forma secreta, depositando en las urnas situadas en el Hemiciclo las papeletas que deberían contener un "sí" a favor del "impeachment" o un "no" en contra.

Antes de la votación, varios diputados subieron al estrado para defender sus argumentos sobre la necesidad de destituir o no a la jefa de Estado, señalada por los fiscales como "cómplice" de su amiga Choi Soon-sil, la "Rasputina", en presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

A las puertas del Parlamento se concentraron varios centenares de detractores de Park con carteles y altavoces para exigir a los diputados que opten por su destitución.

Sacar adelante el proceso de destitución requiere el voto a favor de dos tercios de los 300 escaños de la cámara.

Los tres partidos de la oposición e independientes, que están a favor del "impeachment", suman 172 diputados, mientras el partido conservador Saenuri de la presidenta Park acumula 128.

De este modo, el éxito de la moción depende de cuántos diputados del partido gobernante le den la espalda a su líder y voten "sí", número que podría rondar los 40 si se cumple lo que anunció esta semana el sector de la formación más crítico con Park.

De aprobarse hoy la moción la presidenta sería desposeída inmediatamente de todos sus poderes al frente del Estado, desde el control del Ejército hasta el derecho a veto o decisiones de política exterior, en beneficio del primer ministro Hwang Kyo-ahn.

En todo caso, para hacer efectiva la destitución aún se requeriría el voto a favor de seis de los nueve jueces del Tribunal Constitucional, un proceso que llevaría 180 días como máximo, pero que, según expertos, podría completarse en aproximadamente dos meses.

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