Pedirán que los políticos acusados por el hijo de Bachelet declaren en caso Caval

Los querellantes del llamado 'caso Caval' pedirán que declaren en la causa tres políticos oficialistas a los que Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, acusó de usar dicho escándalo para encubrir otro caso de corrupción que los implica.

Mario Zumelzu, abogado de la parte querellante, dijo que pedirá que declaren el exministro del Interior de Bachelet Rodrigo Peñailillo, el senador Guido Girardi, el exministro de Educación Sergio Bitar y el embajador de Chile en Italia, Fernando Ayala, todos ellos figuras relevantes del oficialista Partido por la Democracia (PPD).

Dávalos es investigado por el presunto uso de información privilegiada y tráfico de influencias en relación a un millonario negocio inmobiliario realizado por la empresa Caval, de la que su esposa, Natalia Compagnon, es socia.

El negocio consistió en la compra y posterior venta de unos terrenos en la región de O'Higgins, al sur de Santiago, que dejó a Caval ganancias por unos 4,8 millones de dólares.

La compra fue financiada con un préstamo del Banco de Chile que Compagnon y Dávalos gestionaron personalmente con Andrónico Luksic, uno de los dueños del banco, a finales de 2013.

Sebastián Dávalos, que a raíz del escándalo debió renunciar a su cargo de director sociocultural de la Presidencia de Chile, compareció el lunes por tercera vez ante el fiscal del caso, Luis Toledo, para responder por qué antes de abandonar el cargo ordenó que se borrara la memoria de su ordenador.

El hijo de Bachelet respondió que lo hizo por temor a que el ordenador fuese manipulado por los cercanos al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

Agregó que Peñailillo, Bitar, Girardi y Ayala habrían fraguado sacar el caso Caval a la luz pública para desviar la atención de la financiación irregular de campañas políticas por parte de la minera SQM en la que estaban implicados.

SQM, controlada por Julio Ponce Lerou, exyerno de Augusto Pinochet, financiaba campañas electorales de distintos partidos a través del pago de honorarios por servicios inexistentes, justificados a través de boletas o facturas falsas que además le servían para rebajar impuestos.

Entre los presuntos implicados figuran parlamentarios y dirigentes de diversos partidos, incluido el PPD y el propio Peñailillo, mientras la presidenta Bachelet ha logrado mantenerse al margen.

Pero tras las declaraciones de su hijo, los querellantes creen que si es cierto que colaboradores cercanos de la mandataria estaban en la trama es muy difícil considerar que ella no sabía nada.

“Lo que sí queda claro con esto es que Bachelet tenía conocimiento con anterioridad del negocio, porque no resulta creíble que su entorno familiar, Dávalos-Compagnon o su entorno político -el ministro del Interior- no le dijeran nada”, dijo el abogado Zumelzu al diario El Mercurio.

Para el letrado, es especialmente importante conocer la versión de Peñailillo porque “fue el recaudador de la campaña de la presidenta”.

El exministro se ha mantenido en silencio desde que dejó el cargo el pasado 11 de mayo, pero otros acusados por Dávalos se apresuraron a negar las imputaciones y afirmaron que el hijo de la presidenta está tratando de desviar el foco de la investigación del caso Caval.

El senador Guido Girardi recordó que el caso Caval salió a la luz pública por un reportaje de la revista “Qué Pasa” y consideró que las afirmaciones de Dávalos “generan un gran daño al gobierno y a la presidenta”.

“Lo interpreto como un intento de eludir sus responsabilidades”, añadió, mientras Sergio Bitar consideró “inverosímil” lo dicho por Dávalos.

También dirigentes del PPD hicieron ver que las declaraciones de Dávalos no mencionan hechos concretos sino que son sólo expresiones genéricas, mientras desde la oposición de derecha la diputada Marcela Sabat emplazó a la presidenta Bachelet a referirse al tema.