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Pedraz imputa al etarra Jesús María Zabarte por enaltecimiento del terrorismo

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Pedraz imputa a carnicero Mondragón por entrevista justificando sus crímenes

Pedraz imputa a carnicero Mondragón por entrevista justificando sus crímenes

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado que se interrogue como imputado al etarra Jesús María Zabarte, "el carnicero de Mondragón", excarcelado el pasado año en cumplimiento de la sentencia que anuló la doctrina Parot, por las declaraciones en las que justificaba los crímenes de la banda.

Según han informado hoy fuentes jurídicos, tras admitir a trámite una denuncia contra el etarra interpuesta por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) tras la publicación de esa entrevista en el diario El Mundo, Pedraz, con el visto bueno de la Fiscalía, ha acordado que se le tome declaración como imputado por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

No obstante, ha decidido que el interrogatorio se haga por exhorto, por lo que ha requerido a la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional (UPJAN) que localice su domicilio, presumiblemente en Mondragón, para que sea el juzgado de la localidad en la que resida el que le tome declaración y remita después esta diligencia a Pedraz.

La denuncia de la AVT, admitida por el juez, se fundamenta en la entrevista a Zabarte, que publicó hace un mes el diario El Mundo, en la que manifestaba su falta de arrepentimiento por sus crímenes en el seno de la banda terrorista asegurando: "Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado".

Para la AVT, esas afirmaciones "no pueden verse amparadas por el derecho a la libertad de expresión" porque, si bien aclara que no pretende que se prohíba la expresión de opiniones subjetivas sobre el fenómeno terrorista, sí se debe perseguir "la exaltación del terrorismo, así como la calumnia y la humillación a las víctimas del terrorismo que no hacen sino incrementar el dolor de las víctimas y sus familiares, provocando una indignación en nuestra sociedad".

En este sentido, la AVT recordaba una sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de septiembre de 2003, en la que se señalaba que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "han declarado que en una sociedad democrática determinadas restricciones a la libertad de expresión pueden ser legítimas y necesarias ante conductas que puedan provocar especial impacto dentro de un contexto terrorista".

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