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Peritos de las defensas del Guateque defienden la actuación de los funcionarios

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Peritos de las defensas del Guateque defienden la actuación de los funcionarios

Peritos de las defensas del Guateque defienden la actuación de los funcionarios

Dos ingenieros y un catedrático de derecho administrativo han declarado hoy como peritos a petición de las defensas en una nueva sesión del caso Guateque, en la que han explicado que los funcionarios del área de Evaluación Ambiental no incurrieron en ilegalidad y actuaron "dentro de sus competencias".

Lo han hecho ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, que juzga desde enero pasado a los 34 investigados por el caso Guateque, la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, y ante la que han asegurado que los funcionarios no incumplieron la ley al aprobar la tramitación de varios de los proyectos de licencia investigados por la Fiscalía.

Hasta siete tramas de "tráfico de sobornos y favores" se urdieron en el entorno del Ayuntamiento que, según el Ministerio Público, buscaban la agilización de expedientes urbanísticos con la ayuda de funcionarios que "utilizaban sus cargos técnicos como medio para lucrarse".

El primero en testificar ha sido José Antonio M., catedrático de Derecho Administrativo, quien ha indicado que después de analizar la actuación seguida por los funcionarios del área de Evaluación Ambiental queda "claro" que se guiaron por "criterios correctos y motivados".

José Antonio M. ha ratificado las conclusiones del informe pericial que realizó a petición de la defensa de Carmen Eulalia, quien se enfrenta a nueve años y seis meses de prisión, en el que expone que tanto la postura del fiscal como la de la acusada es válida, ya que ambas son "cuestiones de razonamiento jurídico que pueden ser discutibles".

Carmen Eulalia, que ocupaba el cargo de técnica jurídica en la Gerencia de Urbanismo, ya mantuvo una discusión con el fiscal durante su declaración en la fase oral, en la que le reprochó que le esté pidiendo "un año de cárcel por una coma" en relación con la interpretación que cada uno hace de la ordenanza municipal que regla qué tipo de actividades están sujetas a evaluación ambiental.

Según el catedrático de derecho administrativo, los funcionarios encargados de realizar los informes de impacto ambiental pueden llegar a considerar que éstos no son necesarios para algunas actividades concretas, ya que esa decisión está dentro de sus "competencias" y obedece a una "tendencia en éste tipo de normativas" para "eliminar trámites preventivos y centrar el esfuerzo en la fase de control, a posteriori".

A su vez, Antonio G. y José G., ambos ingenieros técnicos industriales, han defendido en sus informes periciales que las actividades que se realizaban en algunos de los locales que obtuvieron sus licencias sin haber pasado los pertinentes informes ambientes, no necesitaban de tal procedimiento ya que "tienen un impacto nulo".

Antonio G. ha explicado que en los siete expedientes que revisó, desde el punto de vista técnico, se llevan a cabo servicios que no conllevan el uso de "químicos peligrosos" u otros componentes que supongan "un riesgo para la salud o la seguridad" de nadie.

José G. ha indicado que tras revisar el expediente de una licencia de funcionamiento para un taller mecánico, no cabe duda de que ésta se obtuvo "en base a la normativa vigente en aquel momento", con lo que no incurre en ninguna ilegalidad.

El juicio continuará el martes próximo, día 28, con la declaración de más peritos.

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