Piden el antejuicio a otro magistrado por corrupción en la portuaria TCQ de Guatemala

El Ministerio Público (MP) de Guatemala presentó en las últimas horas una solicitud de antejuicio contra el magistrado de la Corte Suprema Vladimir Aguilar, quien ejercía como procurador general de la Nación cuando se firmó el contrato con la empresa TCQ convertida en el eje de una trama de corrupción.

El juzgado noveno de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente se inhibió del caso contra Aguilar y trasladó las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, que será la que decida si le da trámite y, por lo tanto, remite el caso al Congreso.

El caso de Aguilar es similar al del también magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala Douglas René Charchal, cuyo expediente ya ha sido tramitado ante el Congreso, pese al recurso de amparo presentado por este ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ambos están supuestamente implicados en el escándalo de corrupción de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), liderado por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión por la red de corrupción aduanera “La Línea”.

Esta trama se urdió, según la fiscalía, para cobrar un soborno millonario a cambio de un usufructo en la mayor portuaria del país, Puerto Quetzal.

El antejuicio es necesario para despojar de la inmunidad a los magistrados y que estos puedan ser investigados.

Este mismo martes, la actual procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, anunció que había presentado una denuncia penal abierta contra “cualquier” funcionario que hubiera participado en el aval del contrato, incluidos los 13 exministros del Gobierno de Otto Pérez Molina y exresponsables de la propia PGN.

La denuncia presentada por el MP (Fiscalía) ante el Juzgado Noveno incluye también a Larry Mark Robles, antecesor de Aguilar en el cargo, cuyo caso sí será asumido por este órgano judicial.