Piden medidas cautelares a la CIDH para suspender el juicio por una masacre en Paraguay

Los abogados de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, que en 2012 provocó la muerte de 17 personas y la destitución del presidente Fernando Lugo, presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido de medidas cautelares para suspender el proceso en su contra.

El pedido será presentado mañana y con carácter de urgencia para “evitar una condena arbitraria e inminente” y con base en irregularidades en la investigación, dijo hoy a Efe Pablo Aguayo, uno de los defensores.

De ser aprobado por la CIDH, el juicio podría quedar en suspenso hasta que se conformase un nuevo tribunal que reiniciara el proceso.

Once campesinos están siendo juzgados en Asunción desde el pasado mes de julio, acusados de asociación criminal, invasión de inmueble ajeno y homicidio doloso por la muerte de seis policías durante un desalojo de una finca del distrito de Curuguaty (este).

En esta operación intervinieron más de 300 policías especializados para desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban las tierras para pedir que se incorporasen a la reforma agraria estatal.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo que acabó con la vida de seis policías y de once campesinos, pero la Fiscalía no investigó ni imputó a nadie por las muertes de los labriegos.

Los abogados decidieron presentar en la etapa final del juicio el pedido de medidas cautelares ante la CIDH con base en la “parcialidad manifiesta” del tribunal que juzga a los campesinos, y a las numerosas irregularidades observadas en la etapa de investigación y en el posterior juicio, expuso Aguayo.

Entre ellas, destacó que la Fiscalía paraguaya introdujo “evidencias falsas” para incriminar a los campesinos, según demuestran las fotografías y materiales audiovisuales que están siendo exhibidos hoy en el proceso como parte de las pruebas.

Aguayo explicó que las primeras fotos muestran al cadáver de uno de los campesinos fallecidos en la masacre, Adolfo Castro, completamente desarmado, pero en imágenes posteriores aparece junto a un revólver.

Otro de los campesinos que perecieron, Avelino “Pindú” Espínola, aparece en las imágenes grabadas negociando con el jefe policial Erven Lovera, también muerto en la masacre, mientras le apunta con una hondita (una especie de tirachinas), pero en la foto de su cadáver aparece sobre su vientre un arma de fuego, contó Aguayo.

Acusó a la Fiscalía de manipular las evidencias, y de realizar una persecución contra los defensores de los campesinos, apoyada por el tribunal de la causa a través de sumarios y sanciones a los abogados.

Por su parte, otro de los defensores, Marcos Shirakawa, dijo a Efe que en las entrevistas concedidas a medios de comunicación, el entonces fiscal que dirigió la investigación sobre el caso, Jalil Rachid, hoy viceministro de Seguridad de Paraguay, se refería en todo momento a los campesinos como “invasores”, lo que “vulnera su derecho a la presunción de inocencia”.

Shirakawa recordó además que los campesinos ya llevan bajo arresto cerca de cuatro años, y han cumplido una pena cercana a su expectativa mínima de condena, por lo que los defensores se plantean solicitar su libertad provisional.

Aunque según los abogados es la primera vez que se recurre a la CIDH por el caso Curuguaty, la masacre ya suscitó reacciones internacionales, como las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitidas el pasado mes de enero, en reclamo de “investigaciones imparciales e independientes”.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, formado por expertos independientes, formuló en 2013 una recomendación al Estado paraguayo para “asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial” del caso.

La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por organismos internacionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).