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Piden 10 años cárcel en juicio político a jueces del Constitucional boliviano
La Cámara de Diputados de Bolivia anunció hoy que pedirá diez años de prisión para tres magistrados del Tribunal Constitucional, en el juicio político que sigue el Senado a esas autoridades judiciales por supuestas resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricación e incumplimiento de deberes.
Los magistrados Gualberto Cusi, Ligia Velázquez y Rosario Chanez están acusados por el Gobierno boliviano de dejar en suspenso una ley de notarías sin haber emitido previamente una sentencia como exige la normativa vigente.
Esto, según el Ejecutivo, creó un precedente que podía afectar la seguridad jurídica y económica del país.
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, que ejerce como Ministerio Público en el juicio político de responsabilidades abierto en el Legislativo contra los tres jueces, informó este jueves en un comunicado de que pedirá la pena máxima de diez años de reclusión para Cusi, Velázquez y Chanez.
El diputado oficialista Juan Carlos Cejas, que preside dicha Comisión, dijo que mañana viernes se determinará la fecha del proceso, que ya ha sido pospuesto en dos ocasiones y tendrá lugar en la Cámara de Senadores.
La Cámara de Diputados, controlada por el partido del presidente Evo Morales, aprobó en julio pasado la suspensión de Chanez y Velázquez y su enjuiciamiento por los supuestos delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes”.
Posteriormente también imputó al magistrado Cusi, que inicialmente no fue incluido porque estaba ingresado en un hospital por enfermedad.
Los senadores opositores Centa Rek, Germán Antelo, Lenny Zaconeta y María Elena Méndez han denunciado por acoso político ante la Fiscalía a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados que aprobó el juicio contra las magistradas.
La oposición considera que con este proceso, el Gobierno y el oficialismo quieren “defenestrar el Tribunal Constitucional y tener el control sobre esta instancia” para sustituir a los magistrados por otros que en el futuro respalden una eventual reforma de la Carta Magna que habilite a Morales para una reelección indefinida.
El Ejecutivo ha rechazado esta acusación y defendido la potestad del Legislativo para enjuiciar a los magistrados.
En septiembre pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia expresó su preocupación por el juicio contra las magistradas porque “podría comprometer y afectar a la independencia judicial en el país”.
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