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Piden cuatro años de prisión para la nuera de Michelle Bachelet por corrupción

Piden cuatro años de prisión para la nuera de Michelle Bachelet por corrupción

EFE

Santiago de Chile —

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La Fiscalía de la región chilena de O'Higgins, al sur de Santiago, pidió hoy una pena de cuatro años de prisión por delitos tributarios para Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Michelle Bachelet, informaron fuentes judiciales.

Compagnon está imputada en el caso Caval, una empresa de la cual es socia, vinculada a un millonario negocio inmobiliario que le reportó cuantiosas ganancias hace algunos años, y a la que la Fiscalía le atribuye la presentación de declaraciones de impuestos falsas.

En el caso también ha sido investigado, por eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria chilena, que no obstante no ha sido imputado por ningún delito desde que estalló el caso, a comienzos del año 2015.

El asunto supuso un desplome en la popularidad de Bachelet, que se ha mantenido desde entonces con una aprobación inferior al 30 %, según las encuestas.

Según fuentes del caso, Natalia Compagnon podría cumplir en libertad la pena de cuatro años, sobre la base de algunos atenuantes que la benefician, como una intachable conducta anterior.

La misma pena fue solicitada para Mauricio Valero, socio de Natalia Compagnon en la propiedad de la empresa, por el delito de soborno.

En total, la Fiscalía acusó a cerca de una decena de presuntos implicados ante el tribunal de Garantía de la ciudad de Rancagua.

“Tenemos la convicción de que todas las personas que hemos acusado van a ser condenadas”, afirmó tras la audiencia Emiliano Arias, fiscal regional de O'Higgins.

Respecto de la posibilidad de que la nuera de Bachelet cumpla su pena en libertad, Arias dijo que esa decisión corresponde a los tribunales, precisando que lo que pide la Fiscalía “son penas efectivas”, a cumplirse en prisión.

Para la empresa Caval, como persona jurídica, la Fiscalía pidió tres penas: pérdida de beneficios fiscales, prohibición de celebrar contratos con el Estado por cinco años y una multa equivalente a unos 900 millones de pesos (unos 1,45 millones de dólares).

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