Piñera se enfrenta a los jueces en el tramo final de su mandato

Las relaciones del Gobierno chileno con el Poder Judicial están sufriendo un grave deterioro en el último tramo de la presidencia de Sebastián Piñera debido a las acusaciones del Ejecutivo de que muchos jueces tienen “mano blanda” con los delincuentes y los terroristas.

El último y más grave episodio de una serie de desencuentros entre los dos poderes se desató a raíz del arresto en España de dos jóvenes chilenos acusados de perpetrar un atentado contra la Basílica del Pilar, en Zaragoza, el pasado 2 de octubre.

El hecho de que ambos fueran absueltos cuando en Chile se les juzgó por la colocación de artefactos explosivos frente a sucursales bancarias y dependencias policiales en el llamado “caso bombas” dio base al Gobierno para echarle en cara a los jueces que actuaron con poco rigor.

El hoy ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, quien era titular de Interior cuando se celebró ese juicio, se quejó esta semana de que entonces fue objeto de burlas por parte de sectores políticos de la oposición, que le acusaron de armar un montaje.

Su sucesor en el departamento de Interior, Andrés Chadwick, fue más lejos y criticó duramente la labor de la Justicia por absolver a los dos jóvenes que hoy permanecen detenidos en España y recordó que el juez de garantía desestimó el 60 por ciento de las pruebas presentadas por el ministerio público.

Para entender el malestar del Gobierno hay que remontarse a la campaña electoral de Sebastián Piñera, a finales de 2009, cuando el hoy presidente de Chile prometió aumentar en 10.000 agentes el número de policías para hacer frente a la inseguridad ciudadana.

A pesar de que Chile posee uno de los más bajos índices de criminalidad de América Latina, tiene una población reclusa muy elevada.

Y sin embargo, la sectores de derecha siempre han sostenido que los delincuentes entran y salen de los juzgados a sus anchas, en lo que metafóricamente se ha descrito como “la puerta giratoria”.

Por eso, cuando a mediados del mandato de Sebastián Piñera, los índices delictivos no disminuían y la percepción ciudadana de inseguridad incluso aumentaba, el titular del Interior fue removido de su cargo.

El Gobierno atribuía parte de responsabilidad en el fracaso de lucha contra la delincuencia a una supuesta falta de profesionalidad por parte de los fiscales, lo que motivó varios encontronazos entre el ministro del Interior y el fiscal general, Sabas Chauán, quien le recordó a Hinzpeter que “la autonomía de la fiscalía es intransable”.

Después de eso, las críticas del Ejecutivo apuntaron hacia la Judicatura, un poder que durante el régimen militar (1973-1990) se plegó a los dictados de Augusto Pinochet, pero que a raíz de la detención del dictador inició un proceso de “aggiornamiento”.

Uno de las transformaciones más evidentes, junto con el inexorable relevo generacional, fue el cambio de criterio en la aplicación de determinadas leyes penales, como la amnistía promulgada en 1978 para exonerar a los violadores de los derechos humanos.

La detención de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998 hizo reflexionar a muchos jueces sobre la labor que habían desempeñado durante la dictadura.

Y esa misma reflexión fue la que hizo el presidente Sebastián Puiñera con motivo de los 40 años del golpe de Estado, el pasado mes de septiembre.

“El Poder Judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos. Pudo haber hecho mucho más, porque por mandato constitucional le correspondía cautelar los derechos de las personas y proteger las vidas”, sentenció.

En una inédita declaración pública, la principal asociación de magistrados pidió perdón, pero el Poder Judicial, como tal, no hizo ningún “mea culpa”.

Pero las críticas más aceradas han corrido a cargo de la candidata presidencial de la derecha, la exministra Evelyn Matthei.

“Este gobierno ha avanzado enormemente en la lucha contra la delincuencia, pero nos falta una parte, que es la de los jueces. Por eso he propuesto crear un Observatorio Judicial”, anunció Matthei días atrás.

El Gobierno de Piñera inmediatamente hizo suya la idea de crear un órgano para fiscalizar la labor de los jueces, pero ante el aluvión de críticas se vio obligado a dar marcha atrás y dejar la iniciativa en manos de una universidad privada.

Y cuando las relaciones entre ambos poderes parecía que se estaban restableciendo, la detención de los jóvenes chilenos en España desató una escalada verbal entre el titular de Interior, Andrés Chadwick, y el presidente en funciones de la Corte Suprema, Milton Juica, quien calificó de “impertinente e inadecuado” el comentario del ministro sobre el papel de los jueces en el “caso bombas”.

“Hacer apreciaciones que vayan en contra del contenido y fundamento de las decisiones que tomaron los jueces es un poco grave, señaló Juica, quien llegó a afirmar que las críticas del responsable de Interior eran ”inconstitucionales“.

Y la respuesta de Chadwick no fue precisamente conciliadora.

“No nos van a amedrentar frente a nuestro derecho, como ha señalado el presidente (Piñera), de poder referirnos a actuaciones de los tribunales”.

Y por si no estaba claro, Chadwick remachó que la actuación de los jueces con mano blanda “genera una situación de indefensión para los ciudadanos”.