Plan de Paz pide el fin de ETA “sin condicionamiento”, cuyo primer paso es un desarme y desmantelamiento ordenado

El secretario para la Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha indicado que el definitivo Plan de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco reclama la disolución de ETA “sin condicionamientos”, cuyo primer paso sería un desarme y desmantelamiento “ordenado, seguro y definitivo”. Además, incluye “el suelo ético”, y destaca que no puede establecerse “un relato del pasado por decreto”, sino que debe surgir de “una reflexión compartida”.

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián para presentar el documento, que ha calificado de “punto de partida” para lograr “un acuerdo, que posiblemente sólo será un microacuerdo” que sirva de “mínimo común ético sólido” para afrontar el proceso de Paz, Fernández ha afirmado que han incorporado al texto un preámbulo y 27 enmiendas puntuales que corresponden a 28 aportaciones y coinciden en positivo con 42 sugerencias.

El texto, que contempla 18 iniciativas concretas a desarrollar hasta 2016, será aprobado en el Consejo de Gobierno del próximo martes, parte de la “lógica” de crear “un espacio compartido”, algo que es “prácticamente una utopía” en este momento, no de “contentar a unos u otros”. “Lo que hagamos ahora tiene que preparar el terreno para que eso sea posible”, ha indicado.

Fernández ha indicado que las aportaciones recogidas en el documento son un “fiel reflejo de la pluralidad de dolores, temores, aspiraciones, inquietudes, expectativas que se agolpan en este momento de construcción de la Paz y la Convivencia y un catálogo de la complejidad de argumentos cruzados en la que vivimos”.

A su juicio, “un diálogo clarificador es la herramienta para abordar estos disensos y consensos que hay en esta sociedad” y, para “no perder la perspectiva”, ha considerado que hay que “tener presente de dónde venimos y a donde queremos ir”, a lo que ha añadido que “estamos en un momento histórico en ese sentido”.

Como principal elemento “novedoso” de este Plan de Paz, se ha referido a la incorporación de un preámbulo “de nueva redacción”, cuyo objetivo es “resaltar el marco de participación en el que se ha construido este documento y definir, precisar cuál es su marco de interpretación”, que tiene como referencia el 'suelo ético' aprobado durante la pasada legislatura en el Parlamento vasco.

“SEGUIR DIALOGANDO”

Tras apuntar que el objetivo del Gobierno vasco es “seguir dialogando y buscando el consenso en torno a cada una de las 18 iniciativas en las que se estructura” el Plan, ha apuntado que las aportaciones añadidas al documento se estructuran en cinco apartados, unos mínimos éticos y democráticos, la posición ante el final de ETA, la narrativa del pasado, el tratamiento de vulneraciones “de signo diferente” y el sentido de la prioridad ante el futuro, cuestiones que suscitan “más controversia” y sobre las que “es más necesario lograr el entendimiento y el diálogo”.

Respecto al primero, Fernández ha indicado que el Plan de Paz y Convivencia incorpora “de manera más explícita y más clara” que antes el 'suelo ético' y, sobre esa base, plantea como objetivo a lograr en la presente legislatura un acuerdo democrático para la convivencia, es decir, “construir un espacio en la que tengan cabida todas las familias políticas de este país”.

En cuanto a la posición ante el final de ETA, se incluye la exigencia del final, desaparición o disolución de la banda terrorista, “sin condicionamiento político”, y apunta como “primer paso” su “desarme y desmantelamiento ordenado, seguro y definitivo”, que debe de ser “una de las prioridades” a atender por las instituciones.

RELATO

Sobre el relato del pasado, el Plan rechaza “imponer un relato”, ya que éste, “por decreto, conduce al fracaso” y aboga por impulsar políticas públicas que hagan posible una “reflexión compartida” sobre el pasado partiendo de “un principio”, tomado del 'suelo ético', según el cual “todas las vulneraciones de derechos se dieron porque grupos y personas que antepusieron a la dignidad humana otros objetivos”.

También fija como “criterio” que ese relato ningún argumento, tesis, denuncia de vulneraciones de derechos o razón de Estado, “puede ser invocado para minimizar o legitimar la violencia de ETA u otra vulneración de derechos humanos”.

En lo que respecta al tratamiento de vulneraciones “de signo diferente”, Fernández ha explicado, con el 'suelo ético' como referencia, se plantea un tratamiento “integral”, así como la “necesidad de realizar valoraciones específicas” sobre cada “bloque”.

“Atendiendo a informes independientes de organismos fuera de sospecha y todo prestigio, tanto internacionales como internos, las violaciones de derechos humanos en los últimos 50 años han tenido orígenes y proporciones diferentes en cada década”, ha explicado.

A ello ha añadido que todas ellas han procedido “de ETA y grupos similares en primer lugar, de las Fuerzas de Seguridad y/o en nombre del Estado y también, en tercer lugar, de grupos parapoliciales o de extrema derecha”.

SIN VERDADES “A MEDIAS”

En este contexto el Plan se opone a una verdad “a medias” y apuesta por “reconocer y reparar” todas las vulneraciones con “valentía y sin excluir, ni diluir”. Para ello se apunta a “valoraciones específicas” de cada “ámbito de vulneración”.

Además, por su “dimensión y significación”, explica la violencia de ETA merece “una valoración expresa de su injusticia, especialmente del daño injusto causado a las víctimas y sus familias”.

En lo relativo al sentido de la prioridad ante el futuro, el Plan señala que “la factura que ha de pagarse por la construcción del futuro no puede ser, ni olvidar el pasado, ni despreciar lo pre-existente”. De este modo, se apunta “una misión clara” de construir una sociedad “capaz de compartir unos mínimos éticos y democráticos para discrepar en todo lo demás con garantías y tranquilidad”.

APORTACIONES

En cuanto a las aportaciones incorporadas, Fernández ha puntualizado que se incluye “una referencia al marco normativo y a los anteriores planes de Paz” del Gobierno vasco además de incorporar la exigencia de desarme y final de ETA.

También se establecen prioridades en los “informes de clarificación sobre el pasado”, una de ellas relativa a atentados y vulneraciones “no esclarecidos”, así como a la “necesidad de definir un marco de prioridades en materia de memoria histórica en los próximos meses”.

Además, se incorpora en la investigación sobre torturas la “necesidad de contemplar la posibilidad de crear algún mecanismo independiente de investigación”.

Fernández ha indicado que se incorpora la referencia a los huídos de ETA en los procesos de reinserción y en materia de política penitenciaria y “la necesidad de superar las políticas de excepción” y se sustituye el apartado que apuntaba a “respuestas de sentido común para presos que están encarcelados por desarrollar actividades antes ilegalizadas y ahora legales, por respuestas legales”.

Se modifica la redacción de la ficha sobre la Ertzaintza para “que quede claro el sentido original de la iniciativa, que se trata de un programa de continuidad”, de “compromiso con los derechos humanos y la convivencia” de la Policía autonómica vasca.

Entre otras cuestiones, también se ha incorporado el acuerdo Gizalegez sobre Educación y la previsión presupuestaria del Plan desglosada para los cuatro años, con una aportación de 3,2 millones para 2013, 5,1 para 2014, 5,8 para 2015 y 5,3 para 2016.