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El Pleno del TC se reúne a las 16.30 para estudiar la admisión del recurso del Gobierno contra la declaración de ruptura
La impugnación de la declaración independentista, que fue impulsada por Junts pel Sí y la CUP, fue acordada esta misma mañana por el Consejo de Ministros reunido en sesión extraordinaria tras obtener el aval del Consejo de Estado, cuyo informe declara la existencia de “fundamentos jurídicos suficientes” para el recurso.
En el recurso, el Gobierno solicita la suspensión de la declaración, que sería automática con la mera admisión a trámite del mismo en cumplimiento del artículo 161.2 de la propia Constitución.
PIDE UNA ADVERTENCIA EXPRESA
Además en el recurso se solicita expresamente que la resolución se notifique a un total de 21 altos cargos catalanes -se les cita por nombre, apellido y puesto que ocupan-, que dicha notificación se haga “bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones” -lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales-, y que se añada la prohibición también expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.
Los cargos apercibidos serían la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; el presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas, o en su caso a la persona que resulte nombrada tras la investidura y también los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat.
DURACIÓN DEL DEBATE
En principio podría pensarse que, de reunirse esta misma tarde, el Pleno del TC debería ser breve porque los once magistrados no deberán discutir sobre el fondo del recurso, sino simplemente valorar si el escrito cumple con los requisitos formales para ser admitido a trámite.
No obstante, el debate -que se celebrará con carácter de urgencia, ya que esta semana no había prevista la celebración del Pleno en el órgano de garantías-, puede alargarse porque la adopción o no de las medidas de advertencia solicitadas por el Gobierno podría generar debate en el seno del tribunal de garantías.
Según el informe aprobado ayer por el Consejo de Estado, y en consonancia con los argumentos de la propuesta presentada por el Gobierno a este órgano consultivo, la resolución del Parlamento Catalán implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española“ y ”su declarada insumisión a las instituciones del Estado“, por lo que vulnera varios artículos de la Constitución.
