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Prado sale del TSXG "satisfecha" y convencida de que actuó conforme a la ley

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Prado sale del TSXG "satisfecha" y convencida de que actuó conforme a la ley

Prado sale del TSXG "satisfecha" y convencida de que actuó conforme a la ley

La diputada del PPdeG Paula Prado ha abandonado la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia "satisfecha", tras haber contestado a todas las preguntas que le han hecho, y convencida de que no ha hecho nada "que no se ajuste a derecho" durante su etapa de concejal en Santiago de Compostela.

"He demostrado que todas las actuaciones han sido conforme a derecho y a la ley", ha dicho a la salida tras una declaración que ha durado algo menos de un par de horas, según ha comentado, aunque ha pasado cinco horas en la sede judicial ya que antes hubo otras testificales.

La sala de lo Civil y Penal del alto tribunal gallego decidió investigar a Paula Prado tras declararse competente sobre tres de los seis hechos que constan en la exposición razonada remitida por el juzgado número uno de Lugo, al frente del cual está la magistrada Pilar de Lara.

Prado ha respondido sobre la presunta comisión de los delitos de fraude y tráfico de influencias en la operación Pokemon, que investiga una trama corrupta.

"Por fin he podido dar las explicaciones que durante tanto tiempo quería dar, he aclarado todas aquellas cuestiones sobre las que podía haberse generado alguna duda de mi etapa de concejala y ahora confío en que haya una resolución rápida", ha indicado la diputada del PP gallego que durante todo el proceso había alegado indefensión.

Prado fue portavoz de la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo hasta el pasado mes de junio, momento en el que dejó este cargo por su aparición en el sumario de la operación Pokemon, instruida desde Lugo por no verse en condiciones de trasladar a lo opinión públicas los mensajes del partido.

Tras declarar en Lugo como testigo y varios meses de controversia sobre su situación procesal, la jueza Pilar de Lara decidió finalmente remitir una exposición motivada al Tribunal Superior, debido a la condición de aforada de Prado por ser diputada autonómica.

El alto tribunal decidió investigar tres de los seis supuestos remitidos por de Lara y hoy Prado ha acudido a declarar en calidad de imputada acompañada por su representante legal.

Prado ha indicado a la salida de la sede del tribunal superior que no va a entrar en "el cruce de disquisiciones" entre el alto tribunal y el juzgado de instancia de Lugo que lleva el caso, aunque ha dicho que "sobre la instrucción de la jueza de Lugo sí que podría entrar", pero "no es el momento".

Respecto a los siguientes pasos y a lo que espera que suceda ha indicado que hay que aguardar "a ver si se piden más pruebas o si el tribunal ve suficientes" sus declaraciones y explicaciones, junto con las dadas por los testigos.

Ha reiterado que está "satisfecha" de haber podido dar su versión de los hechos, ya que "hacía tiempo que lo quería" y ha insistido en que a partir de ahora hay que dejar actuar a la justicia y que el tribunal tome las consideraciones oportunas.

El alto tribunal se consideró competente para investigar a Prado y llamarla a declarar sobre la autorización del pago de una factura municipal con un supuesto sobrecoste de 3.000 euros, por la influencia en la contratación de personas en empresas concesionarias de obras y servicios y por la intervención en la resolución de dos expedientes de un local de ocio.

Los magistrados del alto tribunal señalaron en su auto para investigar a la diputada que estos hechos "pudieran incardinarse, al menos de forma indiciaria, en los delitos de fraude a la Administración pública y tráfico de influencias", cuando la diputada era concejala en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

Paula Prado dimitió el pasado 4 de junio de su responsabilidad como portavoz del PPdeG, cargo que actualmente ocupa Miguel Tellado, al "no estar en disposición" de trasladar a la sociedad los mensajes de la organización que lidera Alberto Núñez Feijóo.

La Operación Pokemon se puso en marcha con el fin de investigar la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas a base de sobornos en distintas administraciones gallegas.

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