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Presentan cargos contra una senadora filipina por recibir sobornos de narcos

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El Departamento de Justicia de Filipinas presentó hoy cargos contra la senadora y exministra Leila de Lima, una de las figuras más críticas con el presidente Rodrigo Duterte, a la que acusa de haber recibido sobornos de narcotraficantes.

La que fue titular de Justicia entre 2010 y 2015 se enfrenta a los cargos de soborno indirecto, violación de la ley anticorrupción y violación del artículo relativo a la "venta, comercio, administración, dispensación, entrega, distribución y transporte" de drogas ilegales, informó el diario local Rappler.

Solo este último cargo contempla para los infractores penas de entre 12 años de cárcel y cadena perpetua, así como multas de entre 500.000 pesos (9.300 euros o 10.000 dólares) y 10 millones de pesos (187.000 euros o 200.000 dólares).

El caso, presentado en el Tribunal Regional de Muntinlupa (al sur de Manila), está ahora pendiente de llegar al juez, que tiene la capacidad de emitir una orden de arresto contra De Lima y sus presuntos cómplices, entre ellos el exdirector de la Oficina de Prisiones, Franklin Bucayu.

De Lima está acusada de haber recibido durante su etapa al frente de Justicia grandes sumas de narcotraficantes recluidos en prisión a cambio de tratos de favor, como vehículos de golf para trasladarse por el recinto penitenciario o la celebración de conciertos.

Un recluso y un exfuncionario testificaron en septiembre que la exministra recibía decenas de miles de dólares en efectivo procedentes del tráfico de drogas.

La senadora ha insistido en numerosas ocasiones en que las acusaciones son falsas y ha acusado al Gobierno de Duterte de manipular a estos testigos para que la incriminen.

En septiembre De Lima fue depuesta por este caso como presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, encargada de investigar la "guerra contra las drogas" lanzada por el presidente desde que empezó su mandato el 30 de junio del año pasado.

La exministra es conocida por ser una ferviente crítica de la controvertida campaña antidroga de Duterte que ha dejado más de 7.000 muertos en los últimos siete meses y medio.

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