Primer ministro dice que el proceso a Fujimori concluyó con el fallo del Constitucional

El primer ministro de Perú, Pedro Cateriano, aseguró hoy que el proceso judicial al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) quedó concluido a nivel nacional después de que el Tribunal Constitucional rechazó el martes un hábeas corpus a su condena de 25 años por delitos de lesa humanidad.

Cateriano recordó, en declaraciones citadas por la agencia oficial Andina, que las acusaciones contra Fujimori pasaron por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la Corte Suprema de Justicia de Chile, que aprobó en 2007 su extradición a Perú, y la Corte Suprema de Justicia peruana, que juzgó al expresidente por violación de derechos humanos y corrupción.

“Diría que es algo inédito que una persona haya tenido la oportunidad de que su caso se vea en tantas instancias judiciales internacionales y nacionales”, afirmó.

El primer ministro peruano defendió que el expresidente contó en su proceso judicial con todas las garantías legales y constitucionales.

El fallo del Tribunal Constitucional, adelantado este martes por medios locales sin que todavía se haya publicado la resolución oficial, desestimó la petición de la defensa de Fujimori para que se anule la condena impuesta por la Corte Suprema de Perú y sea sometido en libertad a un nuevo juicio.

El expresidente alegó que durante su juicio se violó el “principio de neutralidad”, al considerar que el juez supremo César San Martín, presidente de la sala que lo juzgó, hizo consultas por correo electrónico a juristas españoles para obtener opiniones sobre los fundamentos a incorporar en la sentencia.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel “como autor mediato (con dominio del hecho)” de las matanzas de nueve estudiantes y un profesor de la universidad limeña de La Cantuta (1992) y de la muerte de otras quince personas en la zona limeña de Barrios Altos (1991), a manos del grupo militar encubierto Colina.

También fue sentenciado en ese juicio por los “secuestros agravados” del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992.

Según la información difundida por los medios locales, el Tribunal Constitucional declaró el martes improcedente la petición de la defensa de Fujimori sobre la presunta vulneración del principio de imparcialidad.

Concluyó, además, que Fujimori fue condenado por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, y que la figura de “lesa humanidad” fue usada como un calificativo preexistente en el derecho internacional.

Antes de acudir al Constitucional, el abogado de Fujimori, William Castillo, solicitó en primera instancia una revisión de la sentencia, que fue desestimada en septiembre de 2014 por el mismo juez Villa Stein.

El letrado presentó en julio de 2015 un primer hábeas corpus para anular la condena, el mismo que dos meses después fue declarado infundado en primera instancia por el 43 Juzgado Penal de Lima, e improcedente en segunda instancia por la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel en febrero pasado.

Fujimori, de 77 años, cumple actualmente su condena en una celda acondicionada para él en la base de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, situada en el distrito de Ate-Vitarte, en el este de Lima.