El Principado pide reflexionar sin demagogia sobre la lucha contra incendios

El Gobierno asturiano ha pedido hoy una reflexión amplia y sin demagogia sobre las causas de los incendios forestales y la forma de combatirlos tras sucederse en los últimos años oleadas de fuegos simultáneos en el noroeste peninsular, y sin que resulte creíble que todas las administraciones “lo hagan mal”.

El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, se ha expresado así durante la presentación del balance de los incendios registrados en los últimos días en el Principado, un proceso cuyas características fueron similares a las de la oleada de fuegos que se produjo en Asturias en diciembre de 2015.

En todos esos casos, numerosos focos comenzaron a arder de forma casi simultánea a última hora de la tarde en momentos de elevada temperatura, ausencia de lluvias, fuertes vientos y escasa humedad en el aire y en fines de semana.

Los datos de la Fiscalía concluyen que en un 76 por ciento de los casos los fuegos son intencionados.

La última oleada, que obligó a activar por cuarta vez este año el plan autonómico de incendios durante cinco días, se saldó con 95 incendios (46 conatos) -de los que 7 siguen sin apagar, pero controlados- y sin daños personales, salvo un herido leve al intentar sofocar un fuego en sus propiedades.

Dos de los incendios, los de Ibias y Degaña que amenazaron la Reserva de Muniellos, superaron las 500 hectáreas de terreno afectado aunque, por el momento, se carece de datos de la extensión total de la superficie quemada y las llamas causaron daños en cuatro inmuebles en desuso: dos casas, un garaje y una escuela

En las labores de extinción participaron más de 500 personas sin que los medios aéreos pudieron prácticamente colaborar y, según Martínez, el alto grado de colaboración entre administraciones permitió destinar los recursos allí donde eran más necesarios.

Según el consejero, ante oleadas de incendios que se repiten en los últimos años se escuchan “propuestas de voluntad” y reiteradas acusaciones de la falta de medios, de la activación tardía de los planes de emergencias o de políticas de prevención a las que Asturias destinó 3,2 millones de euros este año.

“No parece creíble que las regiones de Portugal, Galicia, Asturias y Castilla no invirtamos en prevención, lo hagamos todo mal o todo tarde, o nos pongamos de acuerdo para no tener la política forestal adecuada. Hay que señalar a los responsables y no somos los responsables políticos”, ha añadido.

A su juicio, las situaciones que se vienen repitiendo en los últimos años merecen “una reflexión más amplia” en especial en lo relativo a los denominados grandes incendios -más de 500 hectáreas- que cada vez se producen con más frecuencia por lo que el Principado ha encargado un estudio específico sobre cómo afrontarlos al INDUROT, un organismo dependiente de la Universidad de Oviedo.

En los últimos cinco años, ha recordado, la media registrada en Asturias en octubre fue de 90,4 incendios con una superficie afectada de 196 hectáreas a la vez que ha reiterado el llamamiento a la ciudadanía para que facilite cualquier información de que disponga para localizar y detener a los responsables.

En este sentido, ha recordado que en los dos últimos años la Fiscalía de Medio Ambiente de Asturias ha abierto 88 diligencias de investigación por incendios de las que 37 finalizaron en denuncias, hubo 38 acusaciones por delito forestal y se celebraron treinta juicios que en 29 casos se resolvieron con sentencia condenatoria.

El Principado, que la próxima semana se reunirá con los alcaldes de la comarca suroccidental, la más afectada, trabajará además con los gobiernos de Galicia y Castilla y León para solicitar del Gobierno central que flexibilice los criterios para la concesión de las denominadas ayudas permanentes de protección civil (antigua zona catastrófica) dado los elevados requisitos que se exigen.

No obstante, ha recordado que esta medida ya fue solicitada en 2015 sin que fuera atendida y que las tres regiones españoles afectadas, junto a las portuguesas, plantearán también al Ejecutivo central que solicite de la UE que reduzca las exigencias necesarias para acceder a los denominados fondos de solidaridad europeos.