Prisión preventiva para el sexto implicado en el crimen de l activista hondureña Berta Cáceres

La Justicia de Honduras impuso hoy prisión preventiva y auto de formal procesamiento al sexto implicado en el asesinato de la defensora de derechos humanos y ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo.

El juez hondureño que instruye la causa admitió una acusación del Ministerio Público contra el sospechoso por el asesinato de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen.

Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia de la líder indígena asesinada el pasado 3 de marzo en la ciudad occidental de La Esperanza, donde residía, pese a tener medidas de protección, dijo a periodistas que al sospechoso se le dictó “auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva”.

El acusado es Elvin Rápalo Orellana, quien es señalado como coautor del asesinato de Cáceres y fue el que supuestamente disparó contra el ambientalista mexicano que estaba junto a la ambientalista cuando fue asesinada.

Cáceres, quien además coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.

Por el crimen de Cáceres también están detenidos Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, empleado de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) que impulsa el proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

También está detenido Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson, a quien las autoridades le decomisaron un revólver calibre 38, con el que habría sido asesinada Cáceres.

Pese a las capturas, la familia de la líder indígena considera necesario hacer más “eficiente” el proceso de investigación sobre este caso, ya que “hace falta hacer muchas cosas”, señaló el abogado defensor.

Además enfatizó en la necesidad de abundar en los intereses de firmas como DESA, compañía que pretende desarrollar la hidroeléctrica Agua Zarca, a la que la ambientalista se oponía.

“Si a Berta Cáceres la mataron por un conflicto con grupos económicos nosotros queremos ver grupos económicos vinculados procesalmente con este crimen”, subrayó el abogado de la familia de la dirigente de la etnia lenca.