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Procesados en Chile siete oficiales por desaparición de disidentes en la dictadura

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Procesados en Chile siete oficiales por desaparición de disidentes en la dictadura

Procesados en Chile siete oficiales por desaparición de disidentes en la dictadura

Un juez chileno procesó hoy a siete oficiales retirados por su responsabilidad en el secuestro calificado (desaparición) de cuatro opositores durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue dictada por el juez especial Leopoldo Llanos, de la Corte de Apelaciones de Santiago, y los procesados están actualmente en prisión, cumpliendo condenas en otras causas por violaciones de derechos humanos.

Se trata del general Manuel Contreras Sepúlveda, exjefe de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de la dictadura, que actualmente acumula condenas de más de 270 años de prisión por los crímenes cometidos por los agentes del organismo a su cargo.

Los otros procesados, que ocuparon cargos en la cúpula dirigente de la DINA, son los generales de brigada Pedro Espinoza y Marcelo Moren Brito, los coroneles Rolf Wenderoth Pozo, Ricardo Lawrence Mires y Carlos López Tapia, y el exoficial de Carabineros Gerardo Godoy García.

Las víctimas del caso fueron tres miembros del Partido Comunista, José Ramón Ascencio Subiabre, Mario Quezada Solís y Santiago Ferruz López, además de Octavio Julio Boettiger Vera, miembro del Comité Central del Partido Socialista.

Todos ellos fueron detenidos entre los últimos días de 1975 y los primeros de 1976 en distintos puntos de Santiago por agentes de la DINA, que los llevaron al centro de detención y torturas conocido como Villa Grimaldi, donde su rastro se perdió para siempre.

Santiago Ferruz tenía 73 años y era jubilado; Quezada 32 y durante el gobierno de Salvador Allende fue secretario en la alcaldía de Antofagasta; Ascencio, de 30 años era dirigente vecinal y Boettiger licenciado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos casi 1.200 continúan registrados como detenidos desaparecidos, según datos oficiales.

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