Procuraduría denuncia anomalía en otra terminal portuaria de Guatemala

La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó una denuncia penal para que la Fiscalía de Guatemala investigue el contrato de arrendamiento de la terminal marítima de Puerto Barrios, otorgado por 25 años a una empresa que no tenía potestad para dicha concesión.

Con esta medida, confirmada hoy por el representante de PGN Carlos Luna, la entidad pretende determinar las responsabilidades derivadas del caso y que el Estado pueda recuperar parte de los ingresos que dejó de percibir.

Luna no precisó cuándo presentó la denuncia.

En el año 2000, la empresa público-privada Ferrovias concedió el arrendamiento de la terminal marítima de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, a la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente, S. A. (Cobigua), la cual desde finales de 2015 se llama Chiquita Guatemala, S. A.

Este acuerdo entró en vigor en el año 2015, en el momento en el que terminaba el usufructo que el Estado había otorgado a Cobigua.

Ferrovias, cuyo actual accionista mayoritario es el Estado, no tenía la calidad para realizar el contrato de arrendamiento, por lo que la PGN ha pedido a la Fiscalía a través de una denuncia que investigue posibles irregularidades.

Los diputados de la bancada opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) han criticado la tibieza y la tardanza de la PGN en este proceso.

La ampliación de otra de las terminales marítimas del país, Puerto Quetzal, es el origen de una trama de corrupción por la que han sido enviados a prisión preventiva, entre otros, el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

El caso TCQ se urdió, según la fiscalía, para cobrar un soborno millonario a cambio de un usufructo en la mayor portuaria del país.