El defensor del Pueblo alerta del debilitamiento de órganos de Derechos Humanos en Bolivia

El defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, alertó hoy del debilitamiento de instituciones esenciales para la defensa de los derechos humanos en el país, como el Tribunal Constitucional y el Órgano Electoral.

La inestabilidad de estas instituciones y la grave crisis del sistema de Justicia ha creado “un marco de incertidumbre respecto a la garantía y cumplimiento de los derechos constitucionales a la justicia e igualdad”, afirmó Villena en la presentación de un informe de su departamento.

Por contra, el documento destaca un aumento de los derechos políticos de las mujeres, en particular por su acceso a una participación igualitaria en las instituciones regionales y municipales.

Sin embargo, a pesar de ese incremento en la participación política, la violencia hacia las mujeres siguió en alza en el país andino, alertó la Defensoría.

En lo que va de año se registraron 108 feminicidios, y en 2014 fueron asesinadas otras 117 mujeres, lo que supone un incremento de este tipo de delito, pues entre 2008 y 2012 -cuando el asesinato de una mujer por el hecho de serlo no estaba tipificado como feminicidio- el total de víctimas fue de 335.

Asimismo, el informe considera que los derechos de los pueblos indígenas “han sido violados de manera sistemática”, en particular desde que el Gobierno decidió “imponer un modelo extractivista” en su política de hidrocarburos y permitir la exploración en áreas naturales protegidas.

Denuncia, además, la “injerencia” gubernamental en las instituciones indígenas y la imposibilidad de esos pueblos para decidir su modelo de desarrollo, que el defensor relaciona con la “falta de voluntad política para aprobar la Ley de Consulta Previa”.

En el apartado de infancia, la Defensoría considera que la violencia “creciente y transversal” hacia niñas, niños y adolescentes es “uno de los ámbitos más graves de vulneración de los derechos humanos” sin que haya “señales claras” para hacerle frente desde las instituciones estatales.

El 90 % de los delitos contra menores de edad son de violencia sexual, de los que el 95 % afectan a niñas y adolescentes mujeres, subraya el informe, que agrega que sólo el 8 % de 4.366 casos judiciales por violación tienen sentencia.

Además, el informe destaca que existe un número muy elevado de embarazos adolescentes -unos 246 al día-, que a menudo terminan en abortos mal practicados y expulsiones de los colegios.

En Bolivia, el aborto es ilegal y solo está permitido en caso de violación, estupro y riesgo para la vida de la madre.

El análisis también hace referencia a la “debilidad” de los derechos laborales, que “no se ejercen de manera equitativa y universal”, algo que se relaciona con que el 70 % de los ocupados bolivianos trabajan en la economía informal.

Critica, asimismo, la falta de transparencia y los graves casos de corrupción en la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial.

El acceso a la sanidad aún no está garantizado por el estado, destaca el texto.

Por contra, valora “avances muy importantes en la educación” en los ámbitos del acceso, la igualdad y la interculturalidad, así como logros relevantes en la disminución de la desnutrición, la pobreza extrema, el hambre y la erradicación de enfermedades endémicas.

En cuanto al “derecho a la vida y a la integridad”, pone de relieve que este año se registraron 32 intentos de linchamiento, de los que cinco terminaron en muertes.

Respecto al estado de la libertad de expresión y prensa, indica que las denuncias de violencia y presión contra periodistas continúan sin ser investigadas ni sancionadas.

En 2015 hubo en Bolivia quince agresiones físicas a periodistas, trece denuncias de agresiones verbales, tres detenciones de informadores y siete casos de “censura y restricciones a la libertad de opinión y expresión”.