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Puigdemont critica al Tribunal de Cuentas y convocará el referéndum esta semana

Puigdemont critica al Tribunal de Cuentas y convocará el referéndum esta semana

EUROPA PRESS

BARCELONA —

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado este martes la nueva citación del Tribunal de Cuentas, y ha anunciado que la ley del referéndum se aprobará esta semana y que el Govern lo convocará para que se celebre el 1 de octubre.

Lo ha dicho en una rueda de prensa desde la Generalitat junto al vicepresidente, Oriol Junqueras, donde ha concluido: “Es una semana decisiva e histórica. Aprobaremos la ley del referéndum y convocaremos a los ciudadanos a votar”.

Es la primera vez que el presidente dice que la ley del referéndum se aprobará esta semana y que también se convocará la consulta, y ha expresado su total apoyo a los afectados por la citación del Tribunal de Cuentas como el expresidente Artur Mas: “Si les tocan a ellos, nos tocan a todos”.

Lo que no ha detallado el presidente es si la ley se aprobará en el pleno ordinario de este miércoles y jueves, o en el pleno extraordinario que JxSí y la CUP han pedido para el viernes de esta misma semana.

Puigdemont se ha escudado en que no puede explicar cuándo se aprobará la ley por respeto al poder legislativo, al Parlament, pero ha asegurado que el decreto de convocatoria se firmará esta misma semana: “Como Govern estamos preparados para firmar la convocatoria cuando tengamos el texto legal. Va a ser esta semana”.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Tras conocer la citación del Tribunal de Cuentas, Puigdemont ha convocado una reunión extraordinaria en la Generalitat en que han participado varios consellers, Artur Mas y los presidentes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

En el encuentro han constatado que el Gobierno central se siente impotente y ha dado “un salto cualitativo en su estrategia desesperada para aumentar el miedo como único instrumento para intentar frenar” el 1-O, utilizando políticamente el Tribunal de Cuentas para perseguir a cargos soberanistas, según Puigdemont.

Según él, la decisión del tribunal se basa en una “interpretación sesgada de la normativa que se salta todas las garantías procesales”: según ha dicho, el propio ente había solicitado recientemente a la Generalitat unos informes para argumentar su citación y ni si quiera se habían llegado a enviar.

Esta premura, según Puigdemont, evidencia que no es casual que “la represalia y la incautación de patrimonio” efectuada por el Tribunal de Cuentas llegue la misma semana en que se convocará el 1-O.

Aun así, ha avisado de que ya nada podrá parar la votación: “La única respuesta a los excesos del Estado es decir democráticamente que este estilo de construir estados no es el que queremos”.

De hecho, ha avisado de que decisiones como las del Tribunal de Cuentas “acaban de convencer a los que tienen dudas” ante el referéndum del 1-O, en el sentido de que cree que favorecen su participación y su apuesta por una Cataluña independiente.

NO ES UN DELITO

Junqueras ha asegurado que la decisión del Tribunal de Cuentas es un “intento del Gobierno del PP de impedir el derecho a voto de los ciudadanos” de Cataluña, y que evidencia que el Estado está abusando de los instrumentos del Estado de derecho para frenar el 1-O.

“Hace adoptar a las instituciones papeles que no les corresponden y las fuerza a interpretar sesgadamente la ley. Pero votar no es ningún delito” y el Govern seguirá defendiendo hasta las últimas consecuencias el 'derecho a decidir' de los catalanes, ha añadido.

Como votar no es un delito --ha proseguido--, el Gobierno central “se ve obligado a usar las instituciones de su entorno” para perseguir a los cargos soberanistas, en un intento desesperado de evitar una votación el 1-O, ha añadido.

Considera que el derecho a voto que el Govern quiere garantizar con el 1-O está reconocido nacional e internacionalmente, y que es un grave atentado a los principios democráticos que el Gobierno del PP trate de “asaltarlo”.

Por eso, ha llamado al conjunto de ciudadanos de España a estar alerta ante este tipo de prácticas: “¿Quién les garantiza que no se les aplicará también a ellos el abuso que hace el Gobierno del PP contra nosotros y nuestros derechos básicos?”.

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