Puigdemont ha alentado un movimiento de “insurrección activa”, según la juez

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela considera que el expresidente catalán Carles Puigdemont alentó un movimiento de “insurrección activa” y promovió “actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña”.

De esta manera, expone Lamela en el auto de detención y de ingreso en prisión que ha dictado hoy contra él y otros cuatro exconsellers la conducta que ha tenido Puigdemont a lo largo de estos últimos meses y que le ha llevado a estar investigado por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Hizo “nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido para defender ese inexistente e inconstitucional derecho de autodeterminación”, relata la juez al explicar su “frontal” desobediencia a las resoluciones judiciales suspendiendo las leyes de desconexión encaminadas a la independencia, que finalmente se declaró en el Parlament el 27 de octubre.

Puigdemont se encargó, según la juez, de “impulsar y promover desde su cargo público las movilizaciones y concentraciones tumultuarias en oposición a las órdenes judiciales, a las convocatorias masivas para impedir a los agentes cumplir con sus funciones y los escraches a la Policía y a la Guardia Civil”.

A su juicio, impulsó los llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana “como medio intimidatorio y violento” para el conseguir “el fin secesionista de manera coactiva”.

También cree la juez que Puigdemont “planificó, organizó, y financió con fondos públicos la convocatoria y celebración del referéndum” del 1-O.

“El reclamado al frente del Gobierno regional de Cataluña, de común acuerdo con funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas, unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo un referéndum de independentista para lograr en España la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña”, resume Lamela.

El auto destaca que para ello “promovieron y utilizaron fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional”.

Indica que los hechos por los que ahora se le reclama “están referidos a la proclamación de la república, que ponen en objetivo peligro los fundamentos del Derecho; la derogación de la Constitucional Española -que, recuerda, es 'patria común e indivisible de todos los españoles'- y la declaración de independencia de una parte del territorio nacional”.

Todo ello lo cometió, “al intentar cambiar ilegalmente la organización del Estado mediante un proceso secesionista que ignora las normas que la propia Constitución establece para su reforma”.

En cuanto a la petición que hizo de declarar por videoconferencia desde Bélgica junto con los cuatro exconsellers, la juez lo rechaza porque no existen motivos de seguridad que establece la ley para acordarla y señala además que no han explicado ni los motivos por los que la pide y “ni siquiera” han proporcionado su domicilio en Bélgica “a fin de poder arbitrar la videoconferencia”.

Apunta además que para la celebración de la vistilla de medidas cautelares es necesaria la presencia de los querellados.

En este sentido resalta que se trata de cinco querellados que hasta el 28 de octubre “han formado parte del Govern y por tanto tenían su domicilio en España”, por lo que viajaron a Bélgica con la única finalidad de eludir las posibles responsabilidades que pudieran tener en España“.