Puigdemont difunde los colegios del 1-O tras las detenciones por el referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha difundido hoy a través de Twitter un enlace con los colegios electorales para votar el 1 de octubre, pese a las detenciones de altos cargos del Govern relacionados con la organización del referéndum.

Un día después de la operación de la Guardia Civil, que también se incautó de cerca de 10 millones de papeletas del 1-O en el registro de una nave industrial en Bigues i Riells (Barcelona), Puigdemont ha querido dejar claro que no piensa dar marcha atrás con el referéndum, mientras unas 20.000 se han concentrado ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), con voluntad de permanecer hasta que sean liberados todos los detenidos.

Desde su cuenta personal en Twitter, Puigdemont ha anunciado el dominio recién abierto y ha invitado a la ciudadanía a consultar su local de votación: “¿Dónde se podrá votar el próximo día 1 de octubre? En esta web encontrarás el lugar donde te corresponde: onvotar.garantiespelreferendum.com”.

El enlace dirige a una web del “Referéndum 2017”, una de cuyas pestañas es “Dónde votar”, donde el usuario debe introducir su número de DNI, fecha de nacimiento y código postal para averiguar qué colegio electoral le ha sido asignado de cara al 1-O.

Después de que la Guardia Civil se incautara ayer de cerca de 10 millones de papeletas del referéndum en el registro de una nave industrial en Bigues i Riells, (Barcelona), el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha reconocido que “el Estado nos está reventando todas las garantías” de la votación.

Turull ha evitado desvelar cómo piensa el Govern seguir desplegando la logística del 1-O, si bien ha asegurado: “A cada problema y a cada obstáculo, una solución. A cada represión, una respuesta democrática”.

Mientras tanto, el soberanismo ha trasladado su movilización de ayer en las puertas del departamento de Economía y Hacienda al Palacio de Justicia de Barcelona.

Unas 20.000 personas, según la Guardia Urbana, incluidos numerosos cargos del PDeCAT, ERC, la CUP, Podem y los comunes, se concentran desde este mediodía frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

Una de las personalidades soberanistas que ha intervenido ante los congregados ha sido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha animado a “no parar” hasta conseguir la libertad de los altos cargos del Govern que permanecen todavía detenidos, a los que ha calificado de “héroes”, y ha hecho un llamamiento a votar el 1-O “por la dignidad” de Cataluña.

La intención de los convocantes es permanecer en el Passeig Lluís Companys hasta que todos los detenidos sean puestos en libertad.

El secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, uno de los principales responsables de la organización del referéndum, pasará mañana a disposición judicial, según ha explicado su abogado, Andreu Van den Eynde.

En cambio, ya son ocho los detenidos que han sido puestos en libertad tras comparecer ante la Guardia Civil.

El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado los “ataques y presiones que pretendan cuestionar la legitimidad de los jueces o influir en su toma de decisiones”, en referencia a la concentración ante el TSJC.

Por su parte, el juez que ordenó ayer la operación policial por los preparativos del referéndum investiga si el Govern ha destinado a la organización del 1-O las partidas presupuestarias de 6,2 millones de euros que aprobó el Parlament y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

En un auto de entrada y registro de la operación, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona encarga a los guardias civiles que intervengan cualquier indicio sobre “actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado e independencia de Cataluña”.

A su vez, el TC ha multado con 12.000 euros diarios a Josep Maria Jové, uno de los aún detenidos, y a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña encargados del seguimiento del 1-O, con lo que ha aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas.

En el plano exterior, el jefe de la delegación de la Generalitat en Bruselas, Amadeu Altafaj, ha considerado que “no es aceptable” que la Comisión Europea no se implique más en la crisis política catalana y ha reclamado al ejecutivo comunitario que fomente el “diálogo” entre los Gobiernos de España y de Cataluña.