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Puigdemont preside este jueves la Junta de Seguridad junto al 'número dos' de Interior

EUROPA PRESS

BARCELONA/MADRID —

Por parte del Govern también acudirán el secretario general de la Conselleria de Interior, Cèsar Puig; el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, y el mayor de la policía catalana, Josep Lluís Trapero.

La representación del Gobierno central se completará con el coronel Diego Pérez de los Cobos --coordinador de mandos policiales para frenar el 1-O--; el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver.

El Ministerio ha informado de que acude a la reunión pese a ver defectos de forma en la convocatoria y a que se han “violentado los procedimientos formales de que rigen a la misma”, y porque su objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley.

LA JUNTA, ÓRGANO PARITARIO

La Junta de Seguridad, que se reunió por última vez el 10 de julio tras ocho años sin reunirse, tiene composición paritaria entre la Generalitat y el Estado, la encabeza el presidente del Govern y su función principal es coordinar las políticas de seguridad.

La nueva reunión la ha convocado Puigdemont en plena polémica por el dispositivo policial que debe evitar el referéndum y por que la coordinación la asuma De los Cobos, un cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad, cuya tutela rechazan los Mossos.

En un escrito presentado el lunes tras una reunión operativa en la Delegación del Gobierno, los Mossos defendieron que el órgano previsto para coordinar dispositivos policiales en Cataluña es la Junta de Seguridad: por eso instaron a convocar la Comisión de coordinación policial de Cataluña, dependiente de la Junta.

Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado la petición de la Generalitat para que se suspenda la orden que dio la Fiscalía Superior de Cataluña de que el Ministerio asumiera esta coordinación.

Además, el TSJC ha ordenado a Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional que impidan hasta el 1-O el uso de locales o edificios públicos vinculados al referéndum, que requisen todo el material relacionado, y que impidan su apertura el día de la votación, o lo cierren si hubiera abierto.

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