Puigdemont reivindica el Consell de Garanties ante un Estado que recurre “a las cloacas”

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este viernes el trabajo del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ante un Estado “que es capaz de apoyarse en las cloacas para vulnerar el Estado de Derecho”.

Así se ha pronunciado en el acto de toma de posesión de Margarida Gil como nuevo miembro del CGE en el Palau de la Generalitat, el día después también de que el órgano consultivo dictaminara por unanimidad que utilizar el mecanismo de lectura única para aprobar en un solo día las leyes de 'desconexión' que impulsan JxSí y la CUP vulnera el Estatut y la Constitución.

“Nos marcáis una guía de conducta que buscamos siempre la manera de cumplirla”, ha resaltado Puigdemont, tras asegurar que creen en la institución y que, aunque le hubiera gustado que sus dictámenes fueran vinculantes, esto no le ha restado rigor ni autoridad.

Para Puigdemont, las instituciones tienen el deber moral de apostar por la transparencia, democracia y modernidad en las leyes y decisiones que impulsan, y de hacer frente para ello “a dificultades, incomprensiones y, en ocasiones, a amenazas”.

“El Estado de Derecho es el que puede mirar a los ojos de los ciudadanos y decir: no he hecho uso de los enormes recursos que me da el poder para regatear el Estado de Derecho, como ha pasado estos días”, ha lamentado.

Ha reiterado que el futuro de Cataluña será el que elijan los ciudadanos, y que lo que quieran siempre debe estar acompañado por el rigor, “y el rigor se basa en una idea del derecho, de las leyes, de la actitud y de la conducta pública que no puede olvidar nunca el bien común”.

Según Puigdemont, cuando las instituciones rompen este vínculo hay que intentar recomponerlo porque, a su juicio, debe haber “una comunión deliciosa y delicada” entre instituciones, ciudadanía y marco legal para poder servir las necesidades cambiantes de las personas.

En el acto, al que han asistido los consellers Neus Munté y Josep Rull, también ha intervenido al principio el presidente del CGE, Joan Egea, que ha llamado al Govern a designar las vacantes pendientes y ha celebrado que se haya corregido la “anomalía” de que no hubiera ninguna mujer en el órgano.

Además de constatar la función consultiva del Consell de Garanties, ha defendido que contribuyen a garantizar la seguridad jurídica del Govern con “la fuerza de la autoridad” que les proporciona dictaminar si una norma se ajusta al Estatut y si es constitucional o no.

Según Egea, las sugerencias, observaciones y objeciones que hacen son atendidas en gran parte, y ha añadido: “De la misma manera que el hecho de tener 'autoritas' no significa que quien la tiene pueda pretender atribuirse la potestad de la facultad de decidir propia del poder político, quien tiene la 'potestas' conviene que tenga en cuenta el consejo de quien posee la experiencia jurídica para poder decidir luego más informadamente”.

Así, ha defendido que tanto los actos legislativos como los de Govern tienen “más posibilidad de acierto con el ejercicio de las respectivas potestades”, tras precisar que el Parlament ha seguido en más del 90% los dictámenes que han emitido.

TC Y LEGISLACIÓN ESTATAL

Sin embargo, ha lamentado que el Estado impugne “casi de forma sistemática” leyes catalanas al Tribunal Constitucional (TC), además de asegurar que afrontan una legislación estatal cada vez más recentralizadora e invasora de competencias con el agravante, a su juicio, de que buena parte de ésta se han impulsado con carácter de urgencia vía decretos ley.

“Se priva el debate parlamentario, e implican cierta afectación de la seguridad jurídica y afecta la calidad democrática de la norma”, ha sostenido Egea, que ha reconocido la labor de su antecesor en el cargo Eliseo Aja.