Rajoy sube el tono de sus advertencias tras intervenir en las cuentas catalanas

El Gobierno ha intervenido las cuentas de la Generalitat al asumir el pago de los servicios esenciales en Cataluña por el referéndum anunciado por los independentistas, a los que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha advertido con rotundidad: “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”.

El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión después de que el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, enviara al Ministerio de Hacienda para informarle de que la Generalitat dejará de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo hará el mensual, con lo que no remitirá ninguna información más hasta pasado el referéndum impulsado por el independentismo para el 1 de octubre.

En su reunión de hoy, el Gobierno ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Cataluña y ha dado 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto que garantice que no se desvíen fondos para organizar un referéndum el 1 de octubre.

Además de comprometerse a no disponer de las partidas presupuestarias no destinadas a los servicios esenciales -nóminas, sanidad, educación y servicios sociales- Puigdemont deberá acreditar los pagos pendientes de la Generalitat y certificar que no van destinados al referéndum secesionista.

De esta manera, el Estado no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes.

La Generalitat ya ha denunciado que la decisión del Gobierno de asumir el control de los gastos de los servicios básicos en Cataluña significa que el Ejecutivo “ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás” y ha anunciado una “batalla jurídica” en el Estado y en la Unión Europea contra esta medida.

El secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, ha afirmado que la decisión adoptada por el Gobierno es “ilegal”, porque no tiene “amparo legal”.

En su intervención en Barcelona ante la Junta Directiva del PP de Cataluña, Rajoy ha asegurado que el Estado va a seguir actuando ante cada paso de los soberanistas y que con “serenidad” pero también con “firmeza” puede garantizar que no habrá referéndum.

Dirigiéndose a los independentistas, ha advertido: “Cuanto más tarde rectifiquen, más daño harán al conjunto de catalanes y españoles. No subestimen la fuerza de la democracia española. La democracia es muy fuerte. España es una gran nación. La ley no se puede liquidar así como así”.

“Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, ha apostillado.

Paralelamente, la Guardia Civil ha intervenido cerca de 100.000 carteles de publicidad del referéndum del 1 de octubre en una nave industrial de la empresa Marc Martí, vinculada a un publicista que estuvo imputado en el caso del Palau de la Música, en el barrio barcelonés del Poblenou.

Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes han estado registrando durante varias horas dos naves industriales de la empresa de artes gráficas Marc Martí Publicitat, de donde se han llevado en tres furgonetas varias cajas con carteles para anunciar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Además de la nave de Barcelona, la Guardia Civil ha inspeccionado imprentas de Sant Feliu de Llobregat y L'Hospitalet de Llobregat para intervenir material que pudiera ser utilizado para el 1-O.

Las inspecciones se están practicando siguiendo las órdenes de la Fiscalía de Cataluña, de acuerdo con la instrucción que insta a las fuerzas de seguridad a incautar cualquier material que pueda ser utilizado para el referéndum.

Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Presidencia, Jordi Turull, han recusado a los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que acordaron investigarles por el referéndum del 1-O y a la juez encargada de instruir el caso.

En un escrito ante el TSJC, Puigdemont y Turull plantean un incidente de recusación contra los cuatro magistrados, entre ellos el presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, al entender que no son imparciales y que la querella de la Fiscalía contra el Govern obedece a un “conflicto de naturaleza política”.

Por otro lado, la sala de admisiones del TSJC seguirá deliberando el lunes para decidir si investiga la querella de la Fiscalía contra los líderes de las asociaciones municipalistas Neus Lloveras y Miquel Buch.