Rajoy defiende el recurso contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales porque puede atribuir delitos penales

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido hoy durante el pleno de control al Gobierno en el Senado, el recurso en el TC contra la Ley de Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos --también conocida como la ley de reparación de abusos policiales-- cometidos entre 1978 y 1999 alegando que esta norma autonómica se arroga competencias de la jurisdicción penal al crear una Comisión de valoración que puede imputar delitos penales a los que considere culpables de un abuso policial.

Rajoy respondía así a una pregunta del senador del PNV Jokin Bildarratz, quien ha defendido esta ley, suspendida de manera cautelar por el Tribunal Constitucional, alegando que las resoluciones de esa Comisión de Valoración son administrativas y que se paraliza el expediente si interviene la jurisdicción penal.

El senador nacionalista puso el ejemplo de un vecino de Tolosa, Marcelo Garciandía, de 37 años, que falleció una noche en 1982 cuando volvía de cenar con amigos por bajarse del coche en la carretera para limpiar el vaho del cristal. Según ha explicado, fue tiroteado por un funcionario a corta distancia y que después de muchos años y juicios, este funcionario fue condenado a 6 años. Pero ha lamentado que 30 años después su familia sigue “destrozada” y piden que pueda ser homenajeado como víctima.

Bildarratz ha preguntado a Rajoy si esa familia “¿no podrá ser nunca considerada víctima?” y le ha emplazado a que sea el Gobierno quien las considere así si cree que la competencia es suya.

Mariano Rajoy le ha recordado que el Gobierno “no rehúsa llegar a acuerdos” pero ha señalado que para evitar tener que llegar a recurrir la norma, el asunto fue debatido en la Comisión bilateral de Euskadi con el Estado, pero no se llegó a un acuerdo.

RECURSO CONTRA LA COMISIÓN DE VALORACIÓN

Tras este explicación, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que el recurso no es contra toda la norma sino contra algunos artículos y, en concreto, contra la inclusión en dicha ley de una “Comisión de Valoración”, que se crea como órgano administrativo colegiado para tramitar el procedimiento y reconocer a las víctimas. A este órgano, ha dicho Rajoy, se le dota de funciones de instrucción e investigación y ha precisado que cuando se determina que hay víctimas también se establece que hay un culpable. Este hecho, ha precisado Rajoy, le compete a la jurisdicción penal por que los delitos que han provocado las víctimas corresponden al Código Penal.

El presidente entiende que la creación de esta Comisión de Valoración y sus funciones pueden afectar al contenido esencial de derechos fundamentales, ya que una comisión administrativa no puede declarar culpable a alguien. Esto, ha dicho Rajoy, afecta a la presunción de inocencia, al derecho a un juez predeterminado por la ley y excede las competencias de una comisión administrativa.

“Es el tribunal el que tiene que condenar al funcionario y no una comisión administrativa”, ha exclamado el presidente para dejar claro que este es el motivo por el que se ha presentado el recurso y por el que piensa que quienes están equivocados son quienes han aprobado esa ley en el Parlamento vasco.

BILDARRATZ: CUANDO HAY PROCESOS PENALES ABIERTOS SE SUSPENDE TRAMITACIÓN

Sin embargo, y al hilo de este argumento, el senador jeltzale ha explicado que el texto de la Ley garantiza, precisamente, dotar de fuerza al ámbito jurisdiccional. “El artículo 14.5 establece que en aquellos casos en los que la Comisión de Valoración tenga conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas, el órgano encargado de resolver el expedientes suspenderá la tramitación del procedimiento hasta que la vía judicial se haya agotado”, ha recordado.

Bildarratz, que también ha señalado a Rajoy que se equivoca cuando afirma que el recurso ha sido presentado “solo contra unos artículos”, ha enumerado varias leyes que subrayan la prioridad de dar atención a las víctimas, como la resolución 60/147 de Naciones Unidas, que recoge que la víctima será reconocida con independencia de si el autor ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado; el artículo 2 del Convenio Europeo sobre indemnización a víctimas, que dice que la reparación se concederá incluso si el autor no puede ser perseguido o castigado; o tratados y acuerdos internacionales de víctimas, que estiman que el proceso administrativo es posible sin necesidad de una sentencia judicial.

Tras las alegaciones del senador del PNV, Rajoy se ha reafirmado en su defensa del recurso ante el Tribunal Constitucional. “Ustedes tienen una opinión, otras personas tienen otras opiniones diferentes, creemos que estamos hablando de temas que hacen referencia al Estado”, ha precisado.

Y ha insistido en la necesidad de preservar la unidad de regulación y de garantizar la seguridad jurídica porque, ha alegado que “una comisión de valoración puede imputar a determinadas personas la comisión de un delito sin respetar las garantías de un proceso” y esto, ha recalcado “vulnera nuestros preceptos constitucionales”.

No obstante, Mariano Rajoy se ha mostrado “dispuesto” a hablar personalmente con el senador del PNV sobre este asunto. Pero ha vuelto a reiterar que “cuando hay tantos derechos que proteger” no tiene más remedio que “recurrir al TC” para saber si la norma se ajusta a derecho o no.