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Rajoy planteó en 2009 más control del patrimonio y actividad privada de los cargos públicos con Bárcenas aún de senador

Incluyó esta medida en su propuesta de pacto contra la corrupción cuando era líder de la oposición

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Rajoy planteó en 2009 más control del patrimonio y actividad privada de los cargos públicos con Bárcenas aún de senador

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, planteó en noviembre de 2009 como líder de la oposición las bases para un pacto por la transparencia y contra la corrupción que incluía, entre otras medidas, un mayor control y fiscalización del "patrimonio y las actividades privadas" de los cargos públicos.

Rajoy lanzó esta oferta en un momento en que Luis Bárcenas había abandonado la tesorería del PP --el 28 de julio de 2009-- tras ser implicado en la trama de corrupción 'Gürtel' pero seguía siendo senador. De hecho, Bárcenas no renunció a su escaño hasta el 19 de abril de 2010.

"Es preciso someter a un mayor control y fiscalización los ingresos, el patrimonio, las actividades privadas y las actuaciones públicas de todos los cargos públicos, con el fin de detectar y prevenir los casos de corrupción que pudieran producirse", reza textualmente en el documento que presentó públicamente Rajoy que ha recogido Europa Press.

Hace menos de una semana se dio a conocer que el extesorero del PP abrió una cuenta en Suiza en 1988, en la que llegó a tener hasta 22 millones de euros. También se han publicado informaciones que vinculan a Bárcenas con un latifundio en Argentina.

RESPUESTA "CONTUDENTE" CONTRA CORRUPCIÓN

En aquel documento de hace más de tres años, que Rajoy dio a conocer en unas jornadas municipales del partido celebradas en Sevilla, el PP reivindicaba la política como una "noble actividad" por la que "unos ciudadanos sirven desinteresadamente a los demás". Según añadía, una generalización del desprestigio de la práctica política y del ejercicio del Gobierno "no es justa ni buena para la democracia española".

"El aprovechamiento del cargo público para la obtención de beneficios económicos ilegítimos -con un destino personal, familiar o de partido- supone no sólo la comisión de actos irregulares e ilícitos por parte de las personas concretas que los realizan, sino al mismo tiempo un quebranto de la confianza que los ciudadanos tienen puesta en las instituciones públicas, además del descrédito de toda la clase política en su conjunto", proseguía el texto.

El PP, que situó la lucha contra la corrupción como uno de sus objetivos principales, afirmaba que la respuesta ante esos casos tiene que ser "contundente", sin que la sociedad pueda percibir el "menos atisbo de complicidad, debilidad o permisividad en las actuaciones contra la corrupción".

"Por eso, la rapidez de las actuaciones en los órganos internos de las formaciones políticas ha de ser una constante", aseguraba el PP en el citado documento, al tiempo que defendía una "mayor dotación de medios humanos y materiales para la Justicia española y para los órganos de fiscalización públicos".

Buena parte de las medidas del pacto anticorrupción que ofertó Rajoy en noviembre de 2009 tenían sobre todo aplicación en el ámbito municipal. Así, planteaba establecer como obligatoria la existencia de una comisión de vigilancia de la contratación de la entidad local o "generalizar las auditorías externas como refuerzo de la intervención municipal".

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