Raquel Gago recurre su condena y pide su absolución o repetir el juicio

La defensa de la policía local Raquel Gago ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso de casación en el que reclama su libre absolución por el asesinato de la presidenta de la Diputación del PP, Isabel Carrasco, o la repetición del juicio por la “violación de derechos fundamentales” durante el proceso.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el letrado Fermín Guerrero pide en su recurso “la devolución del procedimiento a la Audiencia de León” y que se celebre un nuevo juicio con un jurado popular distinto o que se absuelva a su patrocinada de los delitos a los que ha sido condenada.

Según el recurso, “existen evidentes y rotundas contradicciones” en todo el proceso que deben servir para acordar su nulidad, lo que ha llevado a su cliente a sufrir “una palmaria infracción del derecho constitucional a un juicio justo”.

El recurso incide en la “posibilidad de dictar sentencia absolutoria por parte del Supremo en aquellos casos de sentencias condenatorias dictadas por el tribunal del jurado, cuando se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia por inexistencia de prueba de cargo de entidad suficiente”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) elevó el pasado 13 de julio la condena de 5 años, que le fue impuesta a Gago por encubrimiento del asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, a 12 años, al considerarla cómplice, como determinó el jurado y la Fiscalía.

Además, el TSJCyL ratificó la condena de asesinato a Montserrat González, a la que se le impuso una pena de 22 años, y su hija Triana Martínez, que deberá cumplir 20 años de reclusión, las otras dos condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco.

Inicialmente, la Audiencia de León absolvió del delito de asesinato a Raquel Gago, en contra del veredicto del jurado y de la posición mantenida por la Fiscalía, al asumir el tribunal que las preguntas que debía responder el jurado estuvieron mal formuladas, por lo que la condenó a cinco años de prisión por los delitos de encubrimiento y tenencia ilícita de armas.