El PSOE tacha de ridícula la propuesta de UPyD de obligar a fichar a los diputados

La ponencia para la reforma del reglamento del Congreso se reúne el próximo miércoles en un nuevo intento –el enésimo en 30 años– de cambiar las reglas de juego para “acercar el Parlamento a la ciudadanía” y hacer “más transparente” la labor de los diputados, como los propios portavoces de los grupos llevan meses anunciando. Y aunque todos aseguran que van con el ánimo de que esta vez la reforma salga adelante, el panorama preelectoral y el tenso clima político con el que arrancan los trabajos tampoco pronostican un final feliz.

Para empezar, a lo largo de los últimos meses, el PP ha tumbado algunas de las medidas planteadas por la oposición. Como la obligación de que el presidente del Gobierno tenga que someterse a interpelaciones de los grupos, con el consiguiente riesgo de afrontar una moción de reprobación la siguiente semana. O cambios para evitar que la mayoría absoluta de un partido pueda vetar sistemáticamente iniciativas de la oposición en la Mesa o en la Junta de Portavoces. Eso, por poner dos ejemplos.

Pero es que, además, el PP ya ha sugerido que, en el caso de que hubiera consenso, la reforma no debería entrar en vigor en esta legislatura. Es decir, que ni a Rajoy ni a sus ministros les afectarían los cambios.

Con estos “mimbres”, el miércoles a las cinco de la tarde los portavoces de los grupos se reunirán por primera vez desde que en abril se constituyó la ponencia, que paradójicamente será a puerta cerrada, según se ha anunciado. El motivo, dicen, es que es una primera toma de contacto para ordenar el trabajo, intercambiar documentos y fijar los plazos del debate. De cara a esta cita, el diario.es ha podido contar con la opinión de todos los portavoces de los grupos, salvo con los del PP, que no han querido hablar con la excusa de que deben ser “leales y respetuosos con los tiempos”.

Sobre la mesa hay decenas de propuestas. Entre ellas, las 30 que acaba de hacer públicas UPyD, cuya portavoz, Rosa Díez, las ha ido aireando estos días para “calentar” el debate. La que más ha sorprendido es la que plantea un control de asistencia de los diputados. Un “fichaje” para saber si sus señorías cumplen o no con su trabajo.

La propuesta ha sido acogida en algunos grupos con recelo. Incluso con estupor por el PSOE. “No creo que esté encaminada a mejorar la labor y la imagen de los parlamentarios, sino las perspectivas electorales de UPyD. Es ridícula”, según el portavoz del PSOE, Pablo Martín. El diputado socialista cree que deben ser los reglamentos internos, como el que tiene su grupo –y también el PP– los que penalicen las ausencias y sancionen a los diputados.

En la Izquierda Plural, en cambio, no se ve con malos ojos aunque con “matices”. De hecho, el punto 2 del documento, referente a organización y funcionamiento de la Cámara, que van a registrar propone “crear un sistema de control de asistencia de los diputados/as, justificación de ausencias y las correspondientes sanciones que pueden comprender deducciones salariales. Además, esta información debe ser accesible para los ciudadanos”.

Para Centella, la propuesta de UPyD está “mal enfocada”. “¿Qué quieren? ¿Ponernos un reloj? No es lo más adecuado. No creo que sea cuestión de estar ocho horas diarias en el despacho o sentados en el escaño. La carrera de San Jerónimo no es nuestro único ámbito de trabajo. Hemos sido elegidos por nuestras provincias. Yo prefiero que me fichen cuando voy allí”, afirma.

En CiU, la ponente Montserrat Surroca opina que “no es el momento de entrar a contestar si es o no adecuada una propuesta de otro grupo”. “Tenemos que hacer un trabajo serio y riguroso, no empezar creando debates mediáticos, porque eso no contribuye a mejorar nuestra imagen”, algo en lo que coinciden también Aitor Esteban, portavoz del PNV, y Joan Tardà, de ERC, que consideran que hay “otras prioridades”.

Otra de las cosas que ha suscitado mucho revuelo es la creación de la figura del 'revocatorio', lanzada por IU, que abriría la posibilidad de que los cargos públicos o los miembros de los Gobiernos nacional, autonómico o municipal puedan ser removidos de sus puestos por los ciudadanos si no cumplen con sus compromisos electorales o están inmersos en casos de corrupción.

Pero el documento elaborado por la Izquierda Plural de reforma del reglamento, de momento, no la incluye. La coalición de Cayo Lara es consciente de que la medida es “muy compleja”, por lo que la han lanzado como “elemento de reflexión” en la web que acaban de crear, www.revoluciondemocraticaysocial.org, como fórmula de participación ciudadana a su programa.

En el documento redactado por la izquierda Plural se hace hincapié en la participación de la sociedad civil en los trabajos de la Cámara, “facilitando la presencia de la ciudadanía en las Comisiones (especialmente en la de Peticiones) y en la elaboración de iniciativas parlamentarias”; también en la necesidad de rebajar los requisitos para que las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) puedan ser debatidas y defendidas en los plenos por sus promotores, tres medidas que también plantea el PSOE.

Hay otras propuestas que para la oposición son fundamentales. Como la creación de Comisiones de Investigación si lo pide un tercio de los diputados de la Cámara, reducir el plazo de presentación de las preguntas al Gobierno o incluso, como pide UPyD, que puedan realizarse “preguntas sorpresa” a los ministros anunciándolas momentos antes de que se inicie el debate.

Donde hay menos discrepancia con el PP es en la obligación de hacer públicas las nóminas en la web del Congreso o en la puesta en marcha de la Oficina de Control Presupuestaria. Tampoco parece que habrá problemas en el establecimiento de normas para los debates del estado de la nación o en la regulación de los lobbies.

Los minoritarios defienden que se cambien los requisitos para poder formar grupos en la Cámara y que no pueda vetarse a nadie en las Comisiones de Secretos Oficiales, como ocurrió con ERC, por lo que los republicanos confiesan que están “muy dolidos”.

Los nacionalistas catalanes (CiU), vascos (PNV) y gallegos (BNG), junto con ERC, volverán a plantear la necesidad de que se autorice el uso de las lenguas cooficiales en determinados debates y en Comisión, y que la web del Congreso también lo refleje traduciendo los textos al catalán, vasco y gallego.

La polémica de las lenguas fue, precisamente, el detonante de que la reforma que intentó el PSOE en la etapa de Manuel Marín saltara por los aires cuando todo apuntaba a que iba a salir adelante. Conscientes de que podría ocurrir ahora lo mismo, fuentes tanto del PSOE como del PP advierten de que, si en los demás puntos hay acuerdo, habrá reforma.

“No vamos a permitir que este tema bloquee los trabajos. Si hay acuerdo mayoritario en las demás propuestas, esta vez habrá reforma”, aseguran fuentes socialistas. A lo que el republicano Joan Tardà les responde: “La modernización del Parlamento debe pasar por el reconocimiento de la pluralidad lingüística. Ahí será donde veremos si el PP y el PSOE van o no van de farol y si lo único que quieren es perpetuar su alternancia”.

Las espadas, como se ve, siguen en alto.