Relatora de ONU alerta sobre “situación crítica” de los indígenas en Honduras

La relatora de la ONU para los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, alertó hoy sobre la “situación crítica” que atraviesan los indígenas en Honduras, donde 44 han sido asesinados desde 2010, por la falta de respeto hacia sus derechos, la violencia y la impunidad que impera en el país.

Tras concluir una visita de nueve días a Honduras, Tauli-Corpuz indicó en rueda de prensa que en su estancia observó “la situación crítica” que viven los indígenas ante la “falta de respeto a sus derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales”.

Otro problema “fundamental” que sufren los indígenas es “la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras y recursos naturales ancestrales”, subrayó la relatora, que visitó Honduras por invitación del Gobierno del presidente del país, Juan Orlando Hernández.

Los territorios de estos pueblos “se ven amenazados” por la invasión de terceras personas para realizar “proyectos de desarrollo, Ciudades Modelo, turismo y áreas protegidas”, señaló.

“He escuchado preocupantes alegaciones sobre autoridades locales y otras implicadas en la venta ilegal de tierras y en otras violaciones de los derechos de los pueblos indígenas”, apuntó.

La relatora instó a Honduras a cumplir con “la plena y urgente aplicación” de un acuerdo suscrito el 12 de marzo pasado, en el que el Gobierno se comprometió a “investigar y sancionar” a los responsables de la venta de tierras y de la destrucción ambiental en la comunidad Auka, en el Caribe hondureño.

Los aborígenes misquitos de Auka denunciaron “el aumento de la presencia de terceros en la zona”, mientras el Gobierno señaló “su intención de indemnizar a los terceros para que abandonen las tierras ocupadas”, enfatizó Tauli-Corpuz.

Destacó que los indígenas lencas y tolupanes que oponen resistencia a la construcción de proyectos de desarrollo en sus comunidades sufren “graves violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, amenazas e intimidación”.

Desde 2010, en Honduras han sido asesinados al menos 111 defensores del medio ambiente y de la tierra, 44 de los cuales corresponden a pueblos indígenas, señaló la relatora.

“La creación de áreas protegidas que se superponen a territorios indígenas ha supuesto la restricción del acceso y control de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales”, subrayó.

No obstante, la relatora dijo que el establecimiento de áreas protegidas en esos territorios “no ha impedido la presencia de intereses externos relacionados con la tala, las actividades extractivas o ilícitas en tierras indígenas”.

Además, expresó que le “preocupa profundamente” el ambiente de violencia que afecta a los indígenas que defienden sus tierras y la impunidad que rodea esos casos.

Los indígenas también son “vulnerables” a la violación de los derechos humanos debido a “la situación generalizada de violencia existente en el país a raíz del tráfico de drogas, el crimen organizado y la respuesta del Estado a estos problemas”, precisó la relatora.

Lamentó que las mujeres y las niñas indígenas sufren “problemas graves” como “la trata y la prostitución” como parte de “las actividades del crimen organizado”.

También indicó que le preocupa “la falta de acceso a la justicia” que tienen esas comunidades, la cual considera que se “ve obstaculizada” por la “falta de conocimientos de los operadores de justicia sobre los derechos de los pueblos indígenas, las barreras de idioma, culturales y económicas; el racismo y la discriminación”.

Lo anterior, añadió, evidencia “la urgente necesidad” de crear “mecanismos efectivos de investigación, procesamiento y sanción” y medidas que permita a los indígenas presentar demandas por la violación de sus derechos territoriales y humanos para “obtener reparación”.

Además, instó al Gobierno a que “adopte las medidas necesarias para regular” la actividad de buzos en las comunidades misquitas y proveer a esos habitantes “los servicios de salud necesarios”.

La relatora dijo que espera que la instalación de una oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras pueda “ayudar tanto al Gobierno como a los pueblos indígenas a conseguir la plena aplicación de los derechos” de esa población.