Rodrigo Rato, un año bajo la lupa de la Justicia

Un año después de su dimisión como presidente de Bankia, Rodrigo Rato vive pendiente de los tribunales, que examinan con lupa su gestión al frente de la cuarta entidad bancaria del país.

El exministro de Economía y exvicepresidente del Gobierno, que rechazó dos veces la oferta de José María Aznar para ser el cabeza de cartel del PP en 2004 y que tras alcanzar la dirección del FMI dejó su cargo por razones familiares, ve cómo las denuncias y querellas en las que aparece su nombre se suceden desde entonces.

La salida a bolsa de Bankia y la reformulación de sus cuentas, que investiga la Audiencia Nacional; el escándalo de las preferentes, con cientos de miles de afectados y que ha dado lugar a varias querellas aún pendientes de admisión; y su gestión al frente de Caja Madrid, cobro de dietas millonarias incluidas, sobre la que indaga la Fiscalía, son las tres vías de agua a las que se enfrenta.

Sólo veintiún días después de su adiós a Bankia, el 28 de mayo de 2012, Anticorrupción abrió diligencias para investigar el proceso de constitución de la entidad, y el 4 julio de ese año el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite una querella de UPyD por estos hechos.

La decisión del magistrado supuso la imputación de Rato y de otros 32 exconsejeros de BFA-Bankia por los posibles delitos de falsificación de las cuentas anuales y de los balances de la entidad, administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Centrada en la fusión y salida a bolsa de Bankia y en el hecho de que sus cuentas pasaran de reflejar en marzo unos beneficios de 309 millones a arrojar en mayo, ya bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri, unas pérdidas de 2.979 millones, la causa llevó a Rato a comparecer por primera vez ante un juez el 20 de diciembre.

Su declaración destapó la auténtica película de intriga que tuvo lugar en los días previos a su caída, en la que según su versión tuvo un papel protagonista el ministro de Economía, Luis de Guindos, en cuyas exigencias de un segundo plan de viabilidad para Bankia -cuando el Banco de España ya había aprobado el primero- sitúa Rato el detonante de su marcha.

A falta de aclarar qué ocurrió esos días, -UPyD ha pedido al juez que cite a los presidentes del Banco Santander, Emilio Botín; BBVA, Francisco González; y CaixaBank, Isidro Fainé, para que expliquen su reunión con De Guindos y Rato el fin de semana inmediatamente anterior a la dimisión de éste-, la auténtica 'clave de bóveda' del caso es el informe pericial encargado al Banco de España.

Ese informe, que según fuentes jurídicas consultadas por Efe podría estar listo a finales de año, debe dar respuesta a cuestiones cómo si se aplicó de forma correcta la normativa de cuentas en la reformulación de las de Bankia y si en el estreno bursátil de la entidad se valoró la “veracidad y ajuste a la imagen fiel” de su contabilidad.

Andreu también ha pedido a los peritos que se pronuncien sobre la comercialización y gestión de productos como las participaciones preferentes, asunto que ha abierto un nuevo frente judicial para Bankia a raíz de un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) conocido el pasado 11 de abril.

El documento aseguraba que el banco benefició a unos clientes en perjuicio de otros, a los que se vendieron los títulos de los que se deshacían los primeros a precios “alejados de su valor razonable”, y provocó una cascada de querellas contra la entidad, aún pendientes de admisión, y la apertura de diligencias por parte de Anticorrupción.

La batalla de las preferentes -cuyos afectados en toda España llevan meses protagonizando movilizaciones de protesta- no se libra solo en la vía penal, ya que Bankia se enfrenta también a miles de demandas civiles individuales y colectivas y ha abierto un procedimiento de arbitraje para intentar resarcir a sus clientes.

La Fiscalía especial investiga también desde el pasado 20 de marzo una denuncia de UPyD sobre posibles irregularidades en Caja Madrid, que afecta principalmente al comité de dirección de la entidad durante los años de presidencia de Miguel Blesa (1996-2010), entre ellas el cobro por parte de los miembros de su consejo de administración y de su comité de dirección de 71 millones de euros en cuatro años.

En la denuncia, el partido político afirma que el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se llevó solo en 2010 2,7 millones de euros, mientras que su antecesor en la presidencia de la caja, Miguel Blesa, percibió 12,4 millones entre 2007 y 2010.

Lejos quedan los tiempos en los que, como máximo responsable del Ministerio de Economía, ponía cara al llamado “milagro económico español”, Rato es hoy un hombre pendiente de providencias, autos e informes periciales que dictarán su futuro, mientras, olvidada su etapa como banquero, trabaja como consejero asesor de Telefónica para Europa e Iberoamérica.

Por Adaya Asenjo