Rodríguez Ponga asemeja las tarjetas 'black' a los gastos sin justificar que pueden hacer los diputados del Congreso

El ex secretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004, Estanislao Rodríguez Ponga, ha insistido en que la tarjeta 'black' que recibió cuando el Partido Popular (PP) le propuso formar parte del Consejo de Administración de Caja Madrid es “similar” a la remuneración que perciben los diputados del Congreso de los Diputados para gastos que no requieren justificación.

Rodríguez Ponga, que cargó 255.372 euros a su 'visa' opaca, ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que revoque el auto en el que proponía juzgarle junto a otros 65 antiguos representantes de Bankia y Caja Madrid por el desembolso que alcanzó los 15,5 millones de euros desde 1999 hasta 2012.

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, este antiguo cargo del Gobierno de José María Aznar ha solicitado varias diligencias y, entre ellas, ha destacado que está “pendiente” de conocer la forma en la que Bankia ha podido obtener información “propiedad de Caja Madrid” y con qué legitimación el FROB ha podido acceder a los datos sobre las tarjetas.

Además, ha defendido que los gastos de representación de libre disposición que podían hacer con sus 'visa plata' los “consejeros-no ejecutivos” de Caja Madrid son un “concepto remunerativo sin necesidad de justificar” que también percibían, por ejemplo, los “altos cargos de la Administración del Estado y cargos del Estado”.

La defensa de Rodríguez Ponga ha buceado en la página web del Congreso de los Diputados para destacar que la última versión del documento 'Régimen Económico y ayudas de los señores diputados', que data del pasado 26 de febrero, establece que los parlamentarios no tienen que justificar los gastos realizados con cargo a esos importes. “Por tanto, son gastos de representación similares a la remuneración percibida a través de las tarjetas por los consejeros no-ejecutivos de Caja Madrid en concepto de gastos de representación”, señala.

En su escrito, ha puesto de relieve que los plásticos de los consejeros no-ejecutivos de la caja madrileña “no eran opacas” y estaban “correctamente” contabilizadas y eran conocidas por Hacienda. “La tarjeta de la que era beneficiario mi representado era una remuneración legal para gastos de libre disposición”, ha agregado su abogado.

“EL PERJUICIO LO HABRÍA SUFRIDO ÉL, NO CAJA MADRID”

Dicho esto, ha advertido que durante los 23 años de existencia este medio de pago no fue objeto de ningún expediente por parte de la “entidad tutelante”, que era la Comunidad de Madrid ni por parte de “ninguna otra autoridad administrativa o judicial, a pesar de que en esos 23 años hubo presidentes de Caja Madrid de distinto signo político y gobiernos de diferentes partidos políticos, lo que corrobora la legalidad de la remuneración satisfecha mediante una tarjeta visa plata”.

“Mi representado entró en el consejo en julio de 2006, cuando el sistema de pago de esta remuneración a través de la tarjeta visa llevaba funcionando 18 años”, ha destacado que el límite diario del contrato de su tarjeta era de extraer en efectivo un máximo de 600 euros en los cajeros automáticos.

Finalmente, el abogado de Rodríguez Ponga destaca que ni Caja Madrid, ni Bankia ni el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) son perjudicados por la utilización de las 'visa' y, de hecho, sostiene que si la caja de ahorros “hubiera satisfecho o proporcionado” a su cliente “la infraestructura necesaria y hubiese reembolsado o los gastos justificados, el coste para Caja Madrid hubiera sido muy superior al importe de la remuneración satisfecha mediante la tarjeta”.

“Por lo que no puede hablarse de perjuicio económico para Caja Madrid, sino todo lo contrario, el perjuicio ha resultado ser para el consejero no-ejecutivo”, ha remachado.

El juez dictó el pasado 23 de diciembre un auto en el que transformaba las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, para concluir la investigación y proponer sentar en el banquillo a 66 antiguos representantes de Bankia y Caja Madrid por utilizar las 'tarjetas black', que fueron emitidas “sin respaldo contractual alguno” y usadas para “gastos personales y propios”, que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 que los hechos podrían ser constitutivos del delito de administración desleal, en el caso de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el del resto de directivos que los utilizaron.