Rosell pide a la Fiscalía la “nulidad radical” de las actuaciones contra ella

La juez en excedencia y candidata de Podemos Victoria Rosell ha presentado un escrito de alegaciones a la Fiscalía de Las Palmas en el que solicita “la declaración inmediata de nulidad radical” de las actuaciones abiertas contra ella por vulneración de derechos fundamentales.

En un escrito, facilitado hoy a Efe, la juez exige el archivo definitivo de las diligencias preprocesales disciplinarias abiertas por la Fiscalía para conocer si incumplió su deber de abstenerse de seguir instruyendo una causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, a sabiendas de que su pareja mantenía negociaciones empresariales con él.

En sus alegaciones, adelantadas hoy por el periódico “Canarias 7”, la juez pide también que se paralicen las diligencias acordadas que aún no se hayan practicado, por vulneración de derechos fundamentales y garantías básicas y, además, por haber “prescindido absolutamente de las normas de competencia y procedimiento”.

En su escrito, que también remite a la Inspección Fiscal y a la Fiscalía General del Estado, Rosell solicita que se le dé traslado del expediente, archivado conforme a lo que solicita o en el estado que se encuentre, para conocer su contenido, las actuaciones realizadas y el grado de afectación que con ellas se hubiera podido ocasionar a sus derechos.

Todo ello, añade, con la finalidad de valorar el ejercicio de otro tipo de acciones legítimas, al no poder “siquiera discernir” si lo filtrado y publicado en los medios de comunicación coincide exactamente con el contenido del procedimiento 83/2015 que se ha abierto.

Así mismo, considera que concurre “causa objetiva de abstención” que afecta al Fiscal Jefe Provincial, Guillermo García Panasco, y a la fiscal instructora Evangelina Ríos, por la “enemistad manifiesta” que mantienen contra ella, expone Rosell.

La juez quiere evitar el mantenimiento de una situación de “flagrante vulneración de derechos fundamentales, y de indeseable intervención de la Fiscalía Provincial en la campaña electoral, mediante la incoación y trámite de diligencias 'preprocesales disciplinarias'” que “carece de fundamento y con visos de ilegalidad a sabiendas, o mediando ignorancia inexcusable”, así como de su filtración con los consiguientes perjuicios de difícil reparación.

La juez en su escrito alega la falta de competencia del Ministerio Fiscal para iniciar o investigar expedientes disciplinarios en relación a jueces o magistrados y para practicar diligencias que vulneren a la protección de datos de terceras personas, en el seno de un expediente disciplinario.

Además, señala que concurre la “deliberada” negativa a su derecho al acceso a la información del procedimiento y, por tanto, a su derecho fundamental de defensa y de acceso a la tutela judicial efectiva el derecho.

El “incumplimiento del deber de abstención” por parte de los dos fiscales es otro de los hechos que expone, así como la filtración a los medios de comunicación, que se ha producido “sin ningún respeto por la persona interesada”, facilitando un marco propicio para el juicio paralelo, dadas las circunstancias conocidas de candidata al Congreso de los Diputados y coincidir con la campaña electoral.

Victoria Rosell fue titular hasta el pasado 22 de octubre del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, un procedimiento en el que se acusa al empresario y presidente de la UD Las Palmas de haber defraudado más de 20 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social a través de su empresa Seguridad Integral Canaria.

Esta causa ha tenido públicos desencuentros con la Fiscalía, que la acusó sin éxito ante el Poder Judicial de retrasarla injustificadamente.