El hijo de Ruiz-Mateos se desvincula de la supuesta estafa fiscal a Nueva Comarcal

José María Ruiz-Mateos Rivero, hijo del empresario fundador de Rumasa, se ha desvinculado hoy de la supuesta estafa fiscal a la sociedad Nueva Comarcal de Reus a finales de los años 90 durante su declaración como imputado en la Audiencia de Tarragona.

El juicio contra Ruiz-Mateos Rivero por los presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil por el caso Nueva Comarcal, que se debía celebrar el pasado 30 de enero, fue aplazado entonces hasta hoy y mañana por la renuncia del abogado que representaba a la sociedad Nueva Rumasa.

Según la fiscalía, en 1998 y 1999 la empresa cárnica Prograsa mantuvo relaciones comerciales con la sociedad Nueva Comarcal de Reus y, a finales de 1998, las compañías dispusieron que el pago de las materias primas que Nueva Comarcal recibía de Prograsa se efectuara mediante pagarés aportados por Hibramer, del grupo Nueva Rumasa.

Pero los días en que vencían estos pagarés el banco los devolvía -por un importe de más de 200.000 euros-, por lo que Prograsa demandó a Nueva Comarcal y a Hibramer.

Según la fiscalía, los acusados, “puestos de común acuerdo y con la intención de lograr un beneficio económico en perjuicio ajeno, crearon ante Prograsa, empresa proveedora, la falsa apariencia” de que Nueva Comarcal de Reus era solvente, “dado que sus deudas estaban avaladas por Hibramer, entidad mercantil filial del grupo empresarial Nueva Rumasa, aprovechando el prestigio empresarial que esta última representaba”.

El hijo de José María Ruiz-Mateos “ofreció avalar las operaciones mercantiles”, añade la fiscalía, “con la ilícita finalidad de no terminar saldando la deuda contraída con Prograsa”.

Además, los acusados “concertaron en falsificar la firma del que figuraba como avalista en los pagarés emitidos y así poder repeler las reclamaciones de pago correspondientes”.

Ruiz-Mateos Rivero ha negado hoy haber tomado parte en una supuesta estafa fiscal a Nueva Comarcal, ha dicho que la capacidad de avalar un pagaré correspondía únicamente a su padre, José María Ruiz-Mateos, se ha desvinculado de los hechos y ha insistido en que en 1998 y 1999 él no tenía ninguna responsabilidad en Rumasa ni en ninguna de sus empresas.

“Estaba en periodo de formación y acompañaba a los directivos en sus visitas a empresas”, ha declarado durante la vista oral.

“Desconozco por qué estoy imputado, puesto que nunca he tenido ningún cargo de responsabilidad en las tesorerías o las finanzas de ninguna empresa, ni he tenido facultad”, ha remachado.

Ruiz-Mateos ha afirmado que una decisión como la de avalar un pagaré le correspondía únicamente a su padre. “Yo no tenía ninguna facultad de decisión ni de negociación con los proveedores. Ni tenía la capacidad ni era nadie”, ha reiterado.

El acusado ha afirmado que no conocía a los responsables de Prograsa y que apenas visitó Nueva Comarcal en dos ocasiones. Posteriormente, en 2001, pasó a ser consejero de Nueva Rumasa, con una nómina de unos 5.000 euros al mes al frente del área comercial y de mercadotecnia.

Silvia Adán, la persona que constaba en los pagarés avalados por Hibramer, ha asegurado que ella no firmó los documentos que han desembocado en esta causa judicial y, de hecho, se ha demostrado que la firma está falsificada.

La mujer ha relatado que trabajaba como administrativa a las oficinas de Nueva Rumasa en Madrid y que un día le ofrecieron que fuera apoderada de la empresa.

“Creía que era para facilitar la operativa y firmaba aquello que me decían que debía firmar”, ha reconocido.

En marzo de 1999, sin embargo, decidió dejar la empresa porque su pareja le advirtió, ha explicado, que estos procedimientos eran “peligrosos”.

“No me imaginaba que imitaran mi firma ni que nadie firmara con un poder a mi nombre”, ha lamentado.

Por su parte, Jordi García Álvarez, director financiero de Nueva Comarcal, ha negado tener conocimiento del fraude ya que “era un simple actor que atendía las directrices que se me marcaban y no tenía ningún tipo de decisión”.

A su vez, Antonio Solís, administrador único de Nueva Comarcal, ha afirmado que todas las decisiones recaían en la familia Ruiz-Mateos.

La fiscalía pide tres años y medio de prisión para José María Ruiz-Mateos Rivero, y la defensa de los demandantes solicita seis años. El miércoles las partes expondrán las conclusiones y el juicio quedará visto para sentencia.