Ruz y Horrach piden más beneficios penales a delatores de casos de corrupción

El juez Pablo Ruz y el fiscal anticorrupción en excedencia Pedro Horrach han abogado hoy por reforzar los beneficios procesales, como penas menores e incluso la inmunidad, para implicados en casos de corrupción que colaboren con la justicia en destaparlos.

Así lo han planteado en una jornada sobre delincuencia económica y corrupción de la Universidad de Nebrija el juez que investigó el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas y el fiscal que intervino en la instrucción y en el juicio del caso Nóos entre otros.

Pablo Ruz ha estimado que en España hay una escasa o incluso nula regulación de la protección del denunciante que colabora o del arrepentido en estos casos y ha invitado a reflexionar sobre las posibilidades de que haya una normativa que impulse pactos y acuerdos entre los delatores y la Fiscalía o los jueces.

Al respecto Pedro Horrach se ha mostrado “defensor a ultranza de los delatores” en el sentido de que estaría a favor incluso de su inmunidad en determinados casos si colaboran con la justicia y revelan datos importantes para la investigación.

Ha advertido de que muchas veces implicados en comportamientos corruptos, entre los que se pueden encontrar políticos, funcionarios o empresarios, no destapan los casos por la imposibilidad de llegar a acuerdos de inmunidad con fiscales y jueces.

“Nadie va a contar algo que implique su imputación sin un beneficio procesal”, ha apostillado Pedro Horrach, que ha subrayado que en ocasiones lo más sencillo es llegar a pactos cuando se da un primer golpe para avanzar en las pesquisas.

En todo caso Horrach ha advertido de que tras su experiencia en la Fiscalía Anticorrupción puede decir que en España “es prácticamente imposible llegar a las cúpulas de las grandes empresas ya que tienen múltiples capas de protección como directores de área, comités y consejos de administración que siempre obligan a parar en un determinado nivel”.

Además vio “casos en los que no era necesario que la Administración amañara los concursos ya que fuera la que fuera la empresa adjudicataria todas pasaban por caja”, y todo ello “es un hándicap para la investigación de las grandes obras públicas”.

Por otra parte Horrach no entiende que el delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) esté castigado solo con inhabilitación cuando “está en la base de todo comportamiento corrupto”, por lo que a su juicio debe llevar aparejada pena de prisión.

Respecto a la presión mediática en estos casos ha defendido el papel de la prensa ya que a su juicio “ayuda a las investigaciones pues al salir a la luz pública los casos se bloquean las interferencias de los responsables políticos correspondientes”.

Pablo Ruz también ha destacado la “importante función” de los medios de comunicación en estos casos y ha señalado que los periodistas le han demostrado “lealtad y colaboración”.