Ruz exige a la Policía un informe pendiente sobre la empresa que reformó la sede del PP

El juez Pablo Ruz ha exigido a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que entregue “de forma urgente” y en el “plazo improrrogable de tres días” un informe pendiente desde el 1 de octubre sobre la documentación incautada al arquitecto que reformó la sede del PP de la calle Génova.

En una providencia dictada hoy, el juez que instruye el caso Bárcenas en la Audiencia Nacional recuerda que este informe es necesario para que se cite a declarar al arquitecto imputado, Gonzalo Urquijo, por cobrar supuestamente parte de estas obras en dinero negro como responsable de la mercantil Unifica Servicios Integrales.

Una comisión judicial registró el pasado septiembre el domicilio fiscal en Madrid de esta sociedad, después de que informes de Hacienda analizaran salidas de dinero reflejadas en 2008 en los apuntes manuscritos del extesorero del PP con la supuesta contabilidad B del partido a nombre de “Gonz. Urquijo”, “Gonzalo (Arquitecto)” y “G.U.”, por un total de 888.000 euros.

El juez recuerda en la providencia que ya pidió el informe “a la mayor brevedad” en dos ocasiones, el 1 y el 25 de octubre, sin que se le haya entregado aún.

Este documento deberá analizar la documentación y efectos incautados en el registro con la documentación remitida por el PP el pasado agosto sobre la obra de remodelación de la sede de la madrileña calle Génova.

Para Ruz, el informe resulta “imprescindible para la práctica de ulteriores diligencias de investigación respecto de los presuntos delitos objeto de investigación” y, de no entregarlo la Policía en tres días, deberá alegar “justa causa” para justificar la demora.

El informe de los peritos de Hacienda en el que se basó el juez para ordenar el registro de la empresa afirma que hay “indicios suficientes” contra Urquijo de la comisión de uno o varios delitos fiscales, cuya responsabilidad final le podría alcanzar a él y, destaca, a otras personas como cooperadoras.

Además de urgir a la UDEF para que le presente este informe y poder citar al arquitecto, en la providencia Ruz informa de que ya ha recibido del Ayuntamiento de Toledo el expediente de adjudicación de un contrato de limpieza a la empresa Sufi, filial de Sacyr, investigado en el caso.

En concreto, se investiga si Sacyr pagó una comisión de 200.000 euros al PP a cambio de la adjudicación, dinero que recibió supuestamente el gerente del partido en Castilla La-Mancha, José Ángel Cañas, de manos de Luis Bárcenas.

Ruz ha puesto esta documentación a disposición de las partes y ha pedido a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un informe sobre este expediente y a Sacyr que, en cinco días, le entregue el organigrama completo del grupo y el contrato de Sufi.

Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional exige al PP de Castilla La-Mancha que en ese mismo plazo le diga quién era su tesorero regional en 2006 y 2007.