Ruz pide a un órgano antiblanqueo información sobre la venta de acciones de Libertad Digital
El juez Pablo Ruz quiere tener encima de su mesa esta misma semana el protocolo notarial sobre la compra de acciones de Libertad Digital por parte un grupo de personas que, según Luis Bárcenas, habrían adquirido los títulos con dinero negro del Partido Popular. Para ello, el instructor de los ‘papeles de Bárcenas’ ha requerido al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, integrado en el Consejo General del Notariado, que entregue en el plazo de tres días el protocolo 2.811, al que hace referencia el informe policial que concluye que el dinero de las acciones salió de la caja B del PP.
La legislación establece que los notarios deben registrar e informar de los movimientos de pago que se realicen en metálico por importe igual o superior a los 100.000 euros. En una providencia dictada este martes, a la que ha tenido acceso eldiario.es, Ruz solicita el citado protocolo 2.811 que lleva la firma del notario Ignacio Paz-Ares Rodríguez. El juez investiga si, como le contó Bárcenas, la mujer de éste, Rosalía Iglesias; Alvaro Lapuerta y Francisco Yáñez, adquirieron acciones de Libertad Digital a finales de 2004 con dinero negro del PP y bajo la autorización del entonces secretario general, Ángel Acebes. Según recoge el informe de la UDEF, la adquisición de los títulos por los tres citados se realizó “a través de ingresos en efectivo” en sucursales próximas a sus domicilios.
La operación se habría realizado a propuesta del entonces presidente de Libertad Digital Alberto Recarte, según Bárcenas. Ante la imposibilidad de encontrar desde el PP empresarios que se hicieran cargo de la compra en la ampliación de capital del medio, Lapuerta propuso a Acebes que personas de confianza adquirieran las acciones con dinero negro del PP hasta que aparecieran otros compradores a los que traspasar los títulos. Yáñez habría devuelto el dinero prestado a la caja, pero Rosalía Iglesias invirtió los 139.700 euros en la compra de un chalet y Lapuerta incluso ganó 69.850 euros de plusvalías con la reventa a Libertad Digital de las acciones que compró con idéntica cantidad a la de la esposa de Bárcenas. El extesorero Lapuerta tampoco devolvió el dinero al PP. Ruz indaga si Acebes permitió que tanto Iglesias como Lapuerta se quedaran con el dinero procedente de las donaciones irregulares de grandes empresarios que llenaban la caja secreta del partido.
Una de las acusaciones populares del caso Bárcenas ha solicitado al juez que investigue a la cúpula de Libertad Digital por blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda Pública. De esta forma, el Observatori Desc señala a Recarte, Federico Jiménez Losantos y otras seis personas como presuntos implicados en el blanqueo de capitales del PP a través de la ampliación de capital que lanzaron a finales de 2004. El PP habría apoyado con 434.000 euros la operación de un medio que fue altavoz de los pilares de la oposición del partido de Mariano Rajoy durante la primera legislatura de Zapatero: la teoría de la conspiración en torno a la autoría de los atentados del 11-M, cometidos cuando Acebes era ministro del Interior, y las furibundas críticas al proceso de diálogo con ETA.
El pasado martes declararon ante Ruz casi todos los protagonistas de la operación. Recarte negó haber solicitado al PP que participara en la operación y dijo que se limitó a pedir a Acebes, como a Aznar o a Esperanza Aguirre, que comentaran a empresarios y simpatizantes la oferta de acciones. Lapuerta sólo señaló que el dinero de la compra era suyo mientras que Rosalía Iglesias no fue citada por encontrarse ya imputada. Los empresarios Alberto Dorrego y Borja García-Nieto, que aún conservan las acciones, negaron haber participado en la estrategia diseñada presuntamente por Lapuerta.
Acebes se desentiende
Asimismo, Ángel Acebes negó haber autorizado tal compra de acciones, al tiempo que negó la existencia de una caja B en el seno del Partido Popular. Incluso negó que los tesoreros del PP dependan del secretario general, como recoge uno de los artículos citados en el auto por el que el juez Ruz le citaba como imputado de un delito de apropiación indebida por omisión. Según fuentes presentes en la declaración, Acebes citó varios artículos de los estatutos del partido que, según él, demuestran que el secretario general y el tesorero constituían compartimentos estancos dependientes del comité ejecutivo del PP. Ese amplio órgano de dirección estaba presidido ya en el momento de la compra de acciones por el presidente del PP, Mariano Rajoy.
A raíz de esta declaración, Ruz pide al PP que le entregue en el plazo máximo de tres días actas de ese comité ejecutivo, el comité dirección o la junta directiva nacional que puedan recoger cualquier acuerdo respecto a la compra de acciones de Libertad Digital. “Debiendo remitirse, en caso afirmativo, testimonio íntegro de las menciones existentes en las actas y acuerdos que se hubieren documentado al respecto, con certificación de los asistentes a las reuniones”, recoge la citada providencia de Ruz.
Asimismo, el juez del caso Bárcenas exige que en tres días “se certifique la relación de las funciones que hubieren sido encmendadas al tesorero del partido por parte del Comité Ejecutivo Nacional (artículo 44 de los estatutos del partido) así como la relación de las funciones que le hubieren sido asignadas al gerente del Partido por parte del Secretario General (artículo 22.2 de los estatutos), todo ello en referencia al periodo temporal comprendido entre 2004 y 2008”.
De esta forma, Ruz obliga al PP a apoyar o desmentir las afirmaciones de Acebes en sede judicial sobre a quién respondían Lapuerta y Bárcenas, a los que los investigadores señalan como gestores del dinero negro que el PP recibían de grandes empresarios a cambio de adjudicaciones de contratos de la Administración. Otros tres secretarios generales habían declarado antes ante Ruz –María Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas-, en calidad de testigos. Los tres, como hizo Acebes la pasada semana, se desentendieron de cualquier responsabilidad sobre los tesoreros, al tiempo que destacaron la “honorabilidad” de Álvaro Lapuerta.
