El SAT recurre la condena a Sánchez Gordillo por ocupar una finca

Los letrados defensores de los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre ellos el diputado autonómico Juan Manuel Sánchez Gordillo, condenados por la ocupación en verano de 2012 de una finca militar sevillana, han anunciado un recurso a la sentencia del TSJA, que consideran que “no es justa”.

El Tribunal Superior de Justicia andaluz condenó tanto Sánchez Gordillo (IU) como al líder del SAT, Diego Cañamero, a siete meses de cárcel y una multa de 1.200 euros por un delito de desobediencia grave y otro de usurpación, y consideró responsables de los hechos a tres personas más (Juan V.L.; José R.N. y José Antonio M.M.).

Tras analizar el fallo judicial, notificado la semana pasada y al que tuvo acceso Efe, el despacho de abogados que representa a los procesados ha considerado hoy a través de un comunicado que, probablemente, la sentencia “se ciña a la ley, pero no es justa”.

“El Tribunal tuvo en su mano la oportunidad de hacer una sentencia absolutoria, ceñida a la ley, y justa. Les proporcionamos argumentos estrictamente jurídicos más que suficientes para ello”, ha señalado el despacho Legalcores Abogados, que ha expresado su desacuerdo con un pronunciamiento que, en cualquier caso, respeta.

Los letrados de la defensa han recordado además que ninguna de las conquistas y derechos sociales que hoy día se disfrutan se han conseguido “sin sacrificios” de quienes lucharon, cometieron ilegalidades y sufrieron duras condenas.

“Los dirigentes nazis condenados en Nuremberg no cometieron ni una sola ilegalidad, se ciñeron en sus acciones a la ley de su país, pero ¿quién afirmaría hoy que sus condenas fueron injustas?”, se han preguntado estos abogados, que entienden que la legalidad y la justicia “no siempre van de la mano”.

Además, se han cuestionado si el Gobierno, con la petición de penas que hizo la Abogacía del Estado, prefería gastar el dinero público en “meter” a sus ciudadanos en la cárcel “antes de tratar de resolver su situación de penuria económica, su falta endémica de trabajo”.

Al respecto, han llegado a cuantificar en 1,32 millones de euros lo que le hubiera costado al Estado si los 54 encausados en este proceso hubieran tenido que entrar finalmente en prisión.

“El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha perdido una oportunidad única de recordar a los otros dos poderes del Estado que no pueden pretender usar al judicial a modo de escoba, que constantemente vaya barriendo la suciedad que van dejando sus políticas ineficaces, su torpe gestión de los problemas sociales”, han señalado los abogados.