La SIP satisfecha por medida cautelar de la CIDH a favor de periodista hondureño

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se mostró hoy satisfecha por la decisión de la CIDH de emitir una medida cautelar a favor del periodista hondureño Julio Ernesto Alvarado, suspendido del ejercicio de la profesión durante 16 meses por un presunto delito de difamación.

El pasado miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó una medida cautelar a favor de Alvarado, condenado por el poder judicial del país centroamericano por una información en la que revelaba “supuestas irregularidades de una decana de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAM)”, señaló la SIP en un comunicado.

Asimismo, la SIP solicitó al Estado hondureño que suspenda la ejecución de la condena judicial y que se abstenga de “realizar cualquier acción para inhabilitar al periodista” hasta que el organismo interamericano se pronuncie sobre la petición recibida en el caso.

La CIDH considera que el asunto reúne, prima facie (a primera vista), los “requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable” que justifican la medida cautelar.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, expresó su enorme “satisfacción con la decisión con la que el sistema interamericano reactiva la protección de los periodistas que suelen ser silenciados mediante juicios por difamación entablados por funcionarios públicos”.

“Esta decisión crea importantes precedentes para que los jueces analicen mejor las demandas que procuran censurar previamente a los periodistas cuando están investigando y publicando sobre corrupción en áreas de interés público como ocurre en Perú y Brasil, entre otros países”, agregó Mohme.

La CIDH recibió la petición de medidas cautelares a favor del periodista el 29 de mayo pasado por presuntas violaciones a su libertad de expresión, garantías y protección judiciales al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Durante una emisión en 2006 dentro del programa televisivo “Mi Nación”, de Globo TV, dirigido por Alvarado, dos catedráticos de la UNAM, Guillermo Ayes y Gustavo Villela, acusaron a la decana de Ciencias Económicas, Belinda Flores Padilla, de cometer “arbitrariedades” y de haber estado “implicada en el tráfico de títulos”.

Flores Padilla demandó entonces a Alvarado ante los tribunales hondureños por “difamación e injurias” y el caso, tras apelaciones, ha ido pasando a instancias superiores.

En agosto pasado la Corte de Apelaciones atendió la solicitud de la exdecana y Alvarado fue notificado al mes siguiente de que se mantenía la sanción que le prohibía ejercer su profesión durante el período fijado.

Alvarado tramitó en octubre pasado un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el que advertía que se estaban violentando sus “garantías constitucionales”, pero el máximo órgano judicial aún no ha respondido.