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El SUP lamenta el estado de las instalaciones policiales y el “escaso” interés en su mejora
Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, ha presentado sendas denuncias ante la Comisión de Seguridad y Salud de los Servicios Centrales de la D.G.P. y ante la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS) de la Secretaria de Estado de Seguridad (SES) por la falta de prevención de riegos laborales en las dependencias del GEO, al detectar éstas en una inspección que realizó el SUP el pasado mes de abril.
Por este motivo, el SUP ha instado a la Administración a la adopción de “medidas correctoras” con el objetivo de minimizar los posibles riesgos laborales en las actividades desarrolladas por los GEO. Al mismo tiempo, ha reclamado que estas “mínimas” condiciones de seguridad “deben ser implementadas de forma inmediata”.
Entre algunas de las medidas incluidas en la denuncia interpuesta, el SUP considera “especialmente urgentes” solicitar la habilitación de los campos de tiro, sobre todo, para la especialidad de tirador con arma larga para las prácticas de GEO o la realización de prueba de fuerza en el tubo de sujeción de tirolinas, situado en cubierta del edificio central.
También han solicitado la sustitución de los chalecos antibalas del GEO, de 10 años de antigüedad, ya que “se encuentran obsoletos en su funcionalidad, al no cubrir las necesidades reales para garantizar la seguridad balística”, ha explicado el sindicato.
OTRAS DENUNCIAS
Entre otras muchas, el SUP denunció, en enero de este año, en el Ayuntamiento de Madrid el incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones de fecha 30/11/2011 por el “deplorable estado de conservación” del edificio sede de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana
Tan solo hace unos días, el Ministerio del Interior ha acusado recibo de la Resolución y Dictamen de los Técnicos del Ayuntamiento, en la que se les requiere como propietarios del inmueble a que en el plazo de 10 días inicien las trámites de rehabilitación y reforma.
Si el Ministerio no lleva a cabo esta reforma, la Resolución advierte que el Ayuntamiento de Madrid tendrá que actuar “en ejecución subsidiaria”, es decir, que una empresa contratada por la Junta Municipal comience las obras, cuyos gastos serán reclamados al Ministerio del Interior.
