Santamaría no valora el auto de Ruz sobre contabilidad B del PP y confirma una Ley de control económico de partidos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha eludido este viernes pronunciarse sobre el auto del juez Pablo Ruz que confirma la existencia de una contabilidad B en el PP por el pago de las obras en su sede y se ha limitado a asegurar que el Ejecutivo trabaja en una Ley de control económico-financiero de los partidos políticos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha expresado su respeto a la decisión judicial. “Una de las normas que forma parte de ese paquete de regeneración democrática se llama Ley de Control económico-financiero de los partidos, que es donde tenemos que trabajar”, ha aseverado.

De esta forma ha respondido al ser preguntada por el auto del juez Ruz que confirma la existencia “a nivel indiciario” de “una cierta corriente financiera de cobros y pagos” en el Partido Popular que habría sido utilizada para pagar al arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió las obras de remodelación de la sede central de la formación, en la calle Génova de Madrid, entre los años 2005 y 2011.

SUBVENCIONES A UGT EN ANDALUCÍA

Al ser preguntada por el hecho de que, ante las presuntas irregularidades ocurridas en UGT de Andalucía, la Junta haya otorgado 6,5 millones para orientar empleados, Sáenz de Santamaría ha respondido que todas las administraciones públicas cuando conceden subvenciones están “obligadas” a ser “muy rigurosas” en la convocatoria, así como en hacer un “control del seguimiento” relativo al empleo de las mismas en los fines a los que estaban destinados.

A renglón seguido, ha señalado que el jueves se aprobó la Ley de Transparencia, una norma que nació para aplicarse a las administraciones públicas pero que se ha extendido después a partidos y sindicatos. “Ése es el inicio de un trabajo que es clave. Tenemos que trabajar entre todos para que aquellas administraciones, partidos y sindicatos que reciben cuantías importantes de presupuesto público actúen con la mayor transparencia posible”, ha manifestado.

PLAN DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

La vicepresidenta ha explicado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado mes de febrero un paquete de regeneración democrática durante el Debate sobre el estado de la Nación que se materializó en una resolución parlamentaria. “El Gobierno tiene un mandato muy amplio de las Cortes”, ha dicho, para añadir que ya tienen “muy elaborados” los anteproyectos de ley para ponerlos en marcha.

Eso sí, ha señalado que el Ejecutivo ha querido que los grupos parlamentarios pudieran hacer aportaciones y ha agregado que por eso se les remitió un informe el pasado mes de septiembre. “Espero que a lo largo de este proceso podamos ir sumando más grupos parlamentarios a un trabajo que tiene que ser de todos”, ha indicado, para subrayar que se trata de “fortalecer todos los mecanismos” para ir regenerando la democracia y ser “más transparentes y rigurosos”.

Después de que PSOE y UPyD plantarán ayer al Gobierno en la reunión sobre el plan anticorrupción, la vicepresidenta ha asegurado que al Ejecutivo le gustaría que esas normas “salieran con consenso”, un ofrecimiento que hacen a los grupos para todo el procedimiento parlamentario. En este sentido, ha dicho que se pueden ir incorporando a lo largo del proceso como ha ocurrido con la Ley de Transparencia.