SegurCaixa rescinde la póliza de seguros del Parlament al agravarse el riesgo

SegurCaixa Adeslas ha rescindido el seguro de responsabilidad civil contratado por el Parlamento catalán por agravarse “el riesgo producido por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña” y, en concreto, por la situación generada tras la suspensión por parte del TC de la Ley de Transitoriedad Jurídica.

El Parlamento catalán ha registrado hoy una carta de la aseguradora en la que comunica que “la póliza queda resuelta y sin efecto alguno de modo inmediato”.

El documento explica los motivos de la rescisión de la póliza de cobertura de responsabilidad civil contratada por el Parlament y que ha sido distribuida en la reunión de la Mesa de la Cámara catalana.

Dicha carta hace referencia al aumento del “riesgo producido por los últimos acontecimientos políticos en Cataluña y, singularmente, la suspensión mediante providencia del TC, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con fecha 13 de septiembre de 2017, de la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República”.

El 19 de septiembre de 2016 se formalizó el contrato del seguro de responsabilidad civil y patrimonial y de daños del Parlament que estaba dividido en dos lotes: el primero incluía la cobertura de seguros de responsabilidad civil y patrimonial, y el segundo la cobertura de seguros a todo riesgo de daños materiales.

SegurCaixa Adeslas fue la empresa adjudicataria de ambos lotes, cuya póliza ahora se ha rescindido.

El lote de responsabilidad civil incluía la cobertura de seguros de responsabilidad civil y patrimonial, por un importe de 18.000 euros para los tres años de duración inicial del contrato.

Por su parte, el lote dos preveía una cobertura de seguros a todo riesgo de daños materiales, por un importe de 69.000 euros para los tres años de duración del contrato.

Se da la circunstancia que SegurCaixa Adeslas, participada por Mutua Madrileña (50 %) y CaixaBank (49 %), rechazó pagar la fianza de 5,2 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso al expresidente de la Generalitat Artur Mas por el desvío de dinero público para la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 al entender que los hechos supuestamente cometidos por Mas “no están cubiertos por la póliza”.