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El Senado de Brasil apela la decisión que separa del cargo a su presidente
El abogado general del Senado brasileño, Alberto Cascais, apeló hoy la decisión de un juez del Tribunal Supremo que separó de su cargo al presidente de esa cámara legislativa, Renán Calheiros, procesado por supuesta corrupción.
El resultado de la apelación es crucial para el Gobierno del presidente Michel Temer, quien como Calheiros pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y confía en la fuerza de esa formación para aprobar unas polémicas medidas de ajuste fiscal antes de que concluya este año.
Si se confirma la separación cautelar de Calheiros del cargo, en la presidencia de la Cámara Alta sería ratificado el actual vicepresidente, Jorge Viana, senador del Partido de los Trabajadores (PT), de la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado y que califica a Temer y al PMDB de “golpistas”.
El temor del Gobierno es que, si el PT ocupa la presidencia del Senado, se valga de ella para alterar la pauta de votaciones y postergar el debate de las medidas de ajuste económico y fiscal.
En la apelación presentada ante la Corte Suprema, Cascais considera que la decisión cautelar dictada por el magistrado Marco Aurélio Mello, uno de los once miembros de ese tribunal, supone una “intromisión del Poder Judicial” en el Legislativo y pide que se declare su inmediata “nulidad”.
Mello aceptó este lunes una demanda interpuesta por el partido Red Sustentabilidad, que pidió que Calheiros fuera separado de sus funciones como presidente del Senado después de que el propio Supremo decidió iniciar un juicio en su contra por acusaciones de corrupción.
El magistrado justificó su decisión en el resultado parcial de un juicio aún inconcluso en el Supremo, según el cual una persona que se enfrente a un juicio penal no puede estar en la línea de sucesión de la Presidencia de la República, que tiene en primer lugar al jefe de la Cámara de Diputados e inmediatamente al del Senado.
La presidenta del Supremo, Carmen Lucia Antunes, declaró hoy que pretende darle “prioridad” a ese asunto, a fin de resolver en el más breve plazo el embrollo jurídico creado.
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