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El Senado pide al Supremo una nota aclaratoria de la sentencia del canario Zerolo por si cabe su expulsión
La iniciativa se debe al escrito presentado por los dos senadores de IU y compañeros de Zerolo en el Grupo Mixto, Jesús Iglesias y José Manuel Mariscal, quienes solicitaron la aplicación del artículo 18 del Reglamento del Senado que prevé la pérdida de la condición de senador por “condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público dispuesta por sentencia judicial firme”.
Casi al mismo tiempo, este lunes, el propio senador canario registró la renuncia al escaño, aunque precisó que con efectos a 31 de diciembre, es decir, que durante el actual periodo de sesiones tiene intención de mantenerse en el cargo. Zerolo es senador por designación del parlamento autonómico.
El que fuera alcalde de Santa Cruz de Tenerife de 2005 a 2011 fue condenado el pasado mes de julio por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por el llamado 'caso García Cabrera', por un delito de prevaricación cometido al contratar unas obras municipales de forma “arbitraria” y “claramente” ilegal, cuyo coste acabó sobrepasando los siete millones de euros de dinero público afectando así a “los derechos de los administrados y de la colectividad general”.
SEGUNDA REVISIÓN DEL CASO
La Mesa del Senado recibió la sentencia del Supremo en septiembre y ya entonces constató que Miguel Zerolo podía continuar en su escaño porque la inhabilitación dictada por el tribunal afecta a cargos de ámbito municipal y análogos, “para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique participación en el gobierno municipal, con la incapacidad para obtener otros análogos en el ámbito insular, autonómico o estatal durante el tiempo de la condena”.
Los senadores de IU, sin embargo, reclaman que se aplique el artículo 18 del Reglamento del Senado, porque señala como causa de pérdida de la condición de senador contar con “condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público dispuesta por sentencia judicial firme”, sin más precisión sobre el cargo público al que se refiere.
Por ello, la Mesa ha acordado este martes reclamar al Supremo una nota aclaratoria del alcance de su sentencia, para saber si cabe o no aplicarle al parlamentario canario el Reglamento de la Cámara.
