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El Senado aprueba la norma que limita las imágenes de los detenidos

El Senado aprueba la norma que limita las imágenes de los detenidos

EFE

Madrid —

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El Pleno del Senado ha aprobado hoy la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que sustituye el término 'imputado' por 'investigado', limita la instrucción judicial a 6 meses para las causas sencillas y 18 para las complejas y pone fin a las “penas de telediario”.

Con 151 votos a favor, todos del PP, 69 en contra y 21 abstenciones, la Cámara Alta ha avalado los dos proyectos de ley que modifican la LECrim, último gran proyecto legislativo impulsado por el Ministerio de Justicia y que deberá volver al Congreso para su aprobación definitiva, al haber sido introducidas unas cincuenta de las más de 270 enmiendas presentadas, la mayoría técnicas.

La principal novedad está en la polémica disposición que regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos, la denominada “pena de telediario”, puesto que el PP ha modificado la redacción de este artículo para garantizar el “derecho a la información”.

Pero la oposición no lo entiende así al advertir de la “inseguridad jurídica” de los periodistas ante el polémico artículo que, en su opinión, abre la puerta a sancionar a estos profesionales mediante la aplicación combinada de la LECRim y la Ley de Seguridad Ciudadana, de ahí su petición para eliminarla.

Asimismo, el texto incorpora una enmienda que establece que los menores de 16 años no podrán ser objeto de detención incomunicada.

Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que si bien la incomunicación no se aplica en la actualidad a los menores de 16 años, esta prohibición no figura de manera tan “clara y concisa” en nuestro ordenamiento jurídico.

La reforma incluye otra enmienda que elimina la posibilidad de aplicar una segunda incomunicación a los detenidos por delitos relativos a bandas armadas o terrorismo, por lo que la detención incomunicada no podrá exceder los diez días frente a los trece que permitía la ley vigente.

Y también añade un cambio para garantizar la asistencia letrada en aquellas causas de delitos leves con penas superiores a los seis meses, algo bastante similar a lo que sucede con los juicios de faltas.

La reforma establece límites en los plazos de instrucción de 6 meses para las causas ordinarias y 18 para las complejas, que podrán ser prorrogables por igual período por la Fiscalía y todas las partes personadas en la causa: acusación popular, acusación particular, defensa y Abogacía del Estado, pero no por el juez de instrucción.

Además, se sustituye el término 'imputado' por 'investigado' en la fase de instrucción, que pasará a denominarse 'encausado' tras el auto formal de acusación y se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico.

El texto obliga a los jueces a justificar en un auto la detención incomunicada de los detenidos quienes, además, serán sometidos a dos revisiones médicas cada veinticuatro horas para comprobar su estado psíquico y físico.

En el debate parlamentario, los grupos de la oposición han considerado la norma como una “oportunidad perdida” y “un fracaso” para reformar una norma que data de 1882, si bien el PP ha presumido de haber impulsado la reforma mas “importante” de la ley desde su origen.

Juan Ramón Represa (PP) ha rechazado las críticas hacia el cambio del término imputado que era “claramente estigmatizante” por investigado que “es mas coherente” y ha defendido la fijación de plazos en la instrucción como una medida “realista”.

Sin embargo, el senador socialista Arcadio Díaz Tejera ha considerado la norma como una “oportunidad perdida” y ha pedido que todas las medidas se adopten bajo “estricto control judicial”.

Desde la Entesa, José Montilla ha lamentado que la reforma no disponga de instrumentos para combatir la corrupción mientras que Esther Capella del Grupo Mixto ha advertido de que el texto “arrastra un modelo gestado en el siglo XIX”.

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