El Senado chileno estudiará una ley que concede beneficios a represores encarcelados

La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de Chile estudiará un proyecto de ley que entrega a los tribunales la concesión de beneficios a presos con enfermedades terminales y elimina el indulto para condenados por violación de derechos humanos.

La iniciativa regula el acceso a permisos de salida, libertad vigilada y rebaja de condena, y se establece en caso de crímenes de lesa humanidad que los reos aporten antecedentes en causas criminales de esa naturaleza, y que demuestren su arrepentimiento.

El Ministerio de Justicia informó este jueves sobre esta normativa, que también plantea requisitos para obtener estos beneficios carcelarios, para así evitar que se concedan de manera indebida en el caso de criminales de derechos humanos.

El ministro Jaime Campos aseguró que esta medida permitirá romper los llamados “pactos de silencio” y así conocer el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, y además poner fin a la impunidad.

El nuevo proyecto establece que se deberá requerir un informe al Servicio Médico Legal para determinar si existe enfermedad o enajenación mental, el cual debe ajustarse a los protocolos referenciales que establezca la Dirección Nacional de ese servicio y que deberán ser actualizados periódicamente.

El senador derechista Hernán Larraín, por su parte, rechazó las exigencias que se impondrán a los criminales de lesa humanidad para obtener los beneficios, “porque la razón por la cual se está avanzando en esto es por razones de dignidad y no por la naturaleza de los delitos”.

Por su parte, el senador oficialista Pedro Araya señaló que esta ley revisará “si los condenados por delitos de lesa humanidad se encuentran con una enfermedad terminal” y se les puede “cambiar la pena y por tanto, puedan ir a morir a sus casas”.

De aprobarse el texto, será “el tribunal de garantía el que podrá disponer el reemplazo de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario total”, lo que según Araya, de la comisión de Constitución, “tiene un claro fundamento humanitario”.

El legislador comentó que aunque la iniciativa tiene un sentido más amplio, el debate se va a centrar en las personas que cumplen penas por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco, una prisión especial en la hay unos 130 agentes de la dictadura.

Los familiares de esos presos, la mayoría de edad avanzada y muchos afectados por enfermedades terminales, han demandado desde hace tiempo que se les permita morir junto a sus familias.

Esta semana, los familiares solicitaron incluso la intercesión del papa Francisco, de visita oficial en Chile, a través de una carta entregada en la nunciatura apostólica.

El año pasado murieron tres antiguos represores presos en Punta Peuco que habían solicitado el indulto presidencial con resultados negativos.

Durante la dictadura de Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.