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El PP hizo oídos sordos a reducir el Senado en un centenar de escaños

Los grupos trabajaron durante más de tres años en una ponencia para convertir el Senado en una Cámara de primera lectura en los temas autonómicos pero el texto se ha quedado en un cajón

El PP no quiso que la reforma incluyera la posibilidad de eliminar un centenar de escaños de los 266 que tiene ni cambiar la fórmula de elección de los senadores 

El PSOE propone ahora trasladar su sede a Barcelona. Ciudadanos, cerrarlo. Y Podemos, "cambiarlo de arriba abajo", reducir drásticamente su presupuesto y eliminar prebendas

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El Senado mantendrá el número de senadores en 266 en la próxima legislatura

La reforma del Senado volvió a encallarse en la pasada legislatura EFE

Tres años de trabajo no han sido suficientes para que los grupos parlamentarios del Senado lleguen a un acuerdo sobre su reforma para convertirlo en un verdadera Cámara de representación territorial. La ponencia, que comenzó sus trabajos en 2012, ni siquiera fue capaz de elevar a uno de los últimos plenos de la legislatura el borrador con la propuesta, de la que quedaron fueran dos aspectos relevantes: la reducción prácticamente a la mitad del número de escaños y cambios en la fórmula de elección de los senadores. El PNV y CiU acusan al PP de ser el culpable de que la reforma se quedara en el cajón.

"El PP no estaba por la labor de reducir drásticamente la Cámara y el PSOE tampoco insistió demasiado. Pusieron muchos reparos tanto a eso como a cambiar la fórmula de elección para dar mayor peso a los territorios", afirma Iñaki Anasagasti a eldiario.es. Anasagasti, que no repite en las listas electorales, fue el representante del PNV en la ponencia de reforma del Senado, que presidió el propio presidente de la Cámara, el conservador Pío García-Escudero.

En la actualidad hay 266 senadores, 58 de ellos son designados por los Parlamentos autonómicos y el resto (208), los eligen en las urnas los ciudadanos el día de las elecciones generales. La idea que se barajó fue que el hemiciclo se quedara en 150 o, como mucho, en 166 escaños.

Los nacionalistas catalanes, representados por Josep Lluís Cleries, presionaron más para que la reforma abordara un cambio del sistema de elección de los senadores y que la circunscripción dejara de ser la provincia. Una de las alternativas que se puso sobre la mesa fue que los ciudadanos aprovecharan las elecciones autonómicas para elegir a la vez a los senadores como representantes regionales.

La fórmula no acabó de concretarse. "Consideramos que a Cataluña hay que darle el peso real que tiene tanto a nivel de población como de PIB, un peso que ahora no se ve reflejado en la Cámara Alta. Al Senado hay que darle la vuelta, no hacerle solo un lavado de cara", afirman los nacionalistas catalanes, para los que la reforma ha pasado ahora a un segundo plano inmersos como están en el proceso de independencia. 

Ante la división que hubo, se decidió que esos puntos quedaban aparcados para discutirlos en la legislatura siguiente en donde las mayorías van a variar sustancialmente. Al final, la ponencia tampoco logró sacar adelante el texto con el resto de las propuestas, sobre las que García-Escudero quería "unanimidad". Los nacionalistas consideraron que los cambios "se quedaban cortos" y amenazaron con abstenerse en la votación.

El trabajo quedó plasmado en un borrador -aunque hubo varios- al que ha tenido acceso eldiario.es. Giró en torno a los planteamientos del PP y del PSOE, sobre los que los demás grupos opinaban con intención de introducir modificaciones. Estas propuestas se centraban en convertir al Senado en una verdadera Cámara territorial, de primera lectura para todas las leyes de contenido autonómico. Ahora es en el Congreso en donde se debaten primero. Es decir, que el Senado tuviera la primera palabra sobre reformas de los estatutos de autonomía, leyes de armonización, de cesión de tributos y financiación autonómica y sobre todo lo relativo a hechos diferenciales y administraciones locales, como explican a eldiario.es fuentes socialistas.

También fijaba la obligación de celebrar al comienzo de la legislatura un debate General del Estado de las Autonomías con la participación del presidente del Gobierno y de los autonómicos y otro anual sobre el estado de las autonomías -al que ya no acudirían los dirigentes territoriales-, a semejanza del debate del estado de la nación que tiene lugar en el Congreso. Junto a ello, se institucionalizaría en la Cámara Alta la Conferencia de Presidentes, "sin perjucio de que pueda reunirse, en alguna ocasión, en una Comunidad Autónoma".

Otra de las propuesta era la obligatoriedad de que el presidente del Gobierno se someta a un control mensual de la Cámara Alta ya que hasta ahora solo ha sido un compromiso verbal que Rajoy se ha saltado con frecuencia. Asimismo, se pretendía dar mayor participación al Senado en los asuntos europeos y que tuviera voz en todo lo que afecte a las comunidades autónomas.

Uno de los temas más espinosos, cuyo debate los conservadores no quisieron reabrir es el de uso de las lenguas cooficiales con traductores simultáneos en las sesiones plenarias, en lo que se gasta la Cámara 350.000 euros al año. La medida fue aprobada, con la oposición del PP, en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, al lograr gobernar, no se atrevieron a tocarla. 

Un lugar para las viejas glorias

A pesar de que no se logró el consenso deseado y no hubo reforma, el debate sigue abierto hasta el punto de que hay partidos que apuestan en sus programas por el cierre del Senado por considerar que, al no cumplir con sus funciones, no sirve para nada excepto más que como "cementerio de elefantes" para las 'viejas glorias' de los partidos mayoritarios.

Es el caso de Ciudadanos, Albert Rivera presentó hace dos semanas  su propuesta de reformas institucionales en la que ha trabajado un grupo de expertos constitucionalistas, entre los que figuran Francisco Sosa Wagner y Francesc de Carreras.

El propio Rivera quiso este jueves palpar la opinión sobre este asunto y preguntó a sus seguidores en su cuenta de twitter: "¿Estáis de acuerdo con la propuesta de @CiudadanosCs de suprimir el Senado y tener sólo un consejo de presidentes autonómicos?".

El PSOE de Pedro Sánchez no lo quiere cerrar pero apoya que esta institución se convierta en una verdadera Cámara territorial en el marco de la revisión de la Constitución que propugnan, encaminada hacia una España federal. Los socialistas han propuesto que la sede del Senado se traslade a Barcelona.

Podemos toma como modelo para el Senado el Bundesrat alemán [en donde están representados los 16 Estados federados de Alemania] y quiere que se convierta en un órgano de representación autonómica en lugar de provincial. Tambien se apunta a la idea de que sirva como foro de debate y Cámara de primera lectura de todas las consultas "de orden territorial", segun explica a eldiario.es Ramón Espinar, senador de esta nueva formación por designación de la Asamblea de Madrid.

Espinar, además, añade que el Senado debería tener "una circunscripción en representación de la gente que vive fuera de España y otra más reservada a los representantes del pueblo".

Sobre la reducción del número de escaños, el senador de Podemos opina que "más que en el número de senadores el problema está en rebajar su presupuesto. El Senado se gasta más de 53 millones de euros al año, un cifra que podría rebajarse de forma sustancial, a su juicio, si no se gastara lo que se gasta en teléfonos móviles, dietas, viajes o planes de pensiones". Espinar ha renunciado a su sueldo y al seguro de vida de la Cámara y cobra solo como diputado regional.

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